BRASILIA.— El fiscal general de Brasil, Paulo Gonet, abrió con dureza el juicio contra Jair Bolsonaro en el Supremo Tribunal Federal, acusando al expresidente y a una treintena de colaboradores de haber conspirado activamente para impedir la llegada de Luiz Inácio Lula da Silva al poder.
Según la Fiscalía, la llamada “Operación Contragolpe” documentó reuniones, planes y pruebas de coordinación que revelan la preparación del levantamiento. Para Gonet, no es necesario que exista una orden firmada por Bolsonaro: las evidencias muestran que hubo una trama organizada cuyo objetivo era desconocer los resultados de las elecciones de 2022 y perpetuar a la ultraderecha en el poder.
“Todos los personajes del proceso son responsables”, enfatizó el fiscal, aclarando que la pena variará según el grado de participación, pero subrayando que se trató de una auténtica organización criminal en sentido penal.
Cinco delitos graves
Bolsonaro enfrenta cinco acusaciones principales:
- Golpe de Estado (12 años)
- Abolición violenta del Estado Democrático de Derecho (8 años)
- Organización criminal armada (8 años)
- Daños cualificados por violencia o amenaza (10 años)
- Deterioro de patrimonio público protegido (5 años)
En total, la Fiscalía reclama 43 años de prisión.
Un juicio con efecto ejemplar
Gonet advirtió que no sancionar estos hechos “recrudece los impulsos autoritarios y amenaza el orden democrático”. En la misma línea, el juez instructor Alexandre de Moraes se ha manifestado en contra de cualquier intento de amnistía.
La Fiscalía busca un castigo ejemplar para dejar claro que “no reprimir intentos de este orden pone en riesgo el modo de vida civilizado”. Este juicio marcará un precedente, ya que pretende establecer que ningún dirigente puede desafiar el voto popular sin afrontar consecuencias.
La defensa de Bolsonaro, en cambio, sostiene que nunca existió una orden de golpe y que su papel fue meramente político. La sentencia, prevista en las próximas semanas, será clave para el futuro inmediato de la democracia brasileña.
