BRASILIA.— El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue acusado el martes de liderar un complot para derrocar al gobierno y socavar los 40 años de democracia en el país tras su derrota en las elecciones de 2022, complicando sus reducidas posibilidades de un regreso político.

Los cargos surgen tras una investigación policial de dos años sobre el movimiento que negaba los resultados electorales y que culminó en disturbios por parte de simpatizantes de Bolsonaro en la capital a principios de 2023, una semana después de que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva asumiera el cargo.

El fiscal general, Paulo Gonet, acusó al líder ultraderechista y a su compañero de fórmula, el general Walter Braga Netto, de encabezar una «organización criminal» que buscaba instaurar un nuevo orden en el país, incluyendo planes para envenenar a Lula.

Un total de 34 personas fueron imputadas en el complot, entre ellas varios oficiales militares, como el exasesor de seguridad nacional de Bolsonaro, el general retirado Augusto Heleno, y el excomandante de la Marina, Almir Garnier Santos, según la acusación.

«La responsabilidad de los actos perjudiciales para el orden democrático recae en una organización criminal liderada por Jair Messias Bolsonaro, basada en un proyecto autoritario de poder», señala el documento.

Los abogados de Bolsonaro afirmaron el martes en un comunicado que él nunca apoyó ningún movimiento destinado a desmantelar el estado de derecho democrático de Brasil ni sus instituciones.

Los analistas consideran poco probable que Bolsonaro sea arrestado antes de su juicio, a menos que el juez del Tribunal Supremo, Alexandre de Moraes, quien supervisa el caso, lo considere un riesgo de fuga.

El caso recuerda los cargos penales enfrentados por el expresidente de EE. UU. Donald Trump, acusado de intentar revertir su derrota electoral en 2020. Ese caso fue retrasado varias veces y finalmente desestimado después de que Trump regresara al poder en las elecciones de noviembre en EE. UU.

Los cargos contra Bolsonaro llegan pocos meses después de que la policía federal brasileña concluyera una investigación de dos años sobre su papel en el movimiento que negaba las elecciones, el cual llevó a disturbios en Brasilia a principios de 2023.

En ese momento, muchos manifestantes admitieron que buscaban generar caos para justificar un golpe militar que consideraban inminente. A finales del año pasado, la policía arrestó a cinco supuestos conspiradores acusados de planear el asesinato de Lula antes de su toma de posesión.

Los fiscales han señalado que el complot liderado por Bolsonaro incluía planes para envenenar a Lula, el exlíder sindical que ya había gobernado Brasil en dos ocasiones.

«Llamaban a tomar el control total de los tres poderes del Estado; diseñaron una oficina central que serviría para organizar el nuevo orden que planeaban establecer», señala el documento acusatorio en referencia a los presuntos golpistas.

Bolsonaro, un excapitán del Ejército, ha negado repetidamente haber violado la ley y califica las acusaciones en su contra como una persecución política.

Mientras tanto, el senador Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente, calificó los cargos en un mensaje en X el martes por la noche como una «misión inconstitucional e inmoral para atender los caprichos de Alexandre de Moraes y los nefastos intereses de Lula».

La acusación marca la primera vez que Bolsonaro enfrenta cargos penales, aunque ha tenido varios desafíos legales desde su derrota en 2022.

Dos decisiones previas del Tribunal Electoral de Brasil ya le han prohibido postularse para la presidencia hasta 2030.

Los abogados de Bolsonaro tienen dos semanas para responder a las acusaciones antes de que el Tribunal Supremo decida si las acepta y eventualmente lleva a cabo un juicio televisado. Si es declarado culpable, Bolsonaro enfrenta una pena de al menos 12 años de prisión.

«Hay un 99% de posibilidades de que el Tribunal Supremo acepte los cargos», afirmó Vera Chemim, abogada constitucionalista en São Paulo. «Pero para condenar a Bolsonaro, se necesitarán pruebas contundentes».

Su excompañero de fórmula, el general Braga Netto, fue arrestado hace dos meses tras ser acusado de interferir en la investigación. En un comunicado emitido el martes por la noche, sus abogados calificaron los cargos de «fantasía» y aseguraron que no empañarán su «historia impecable» tras cuatro décadas de servicio en el Ejército.

El abogado del excomandante de la Marina, Garnier Santos, dijo que hará comentarios una vez que haya revisado completamente la acusación, mientras que el abogado del general Heleno, exasesor de seguridad de Bolsonaro, no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Una condena del Tribunal Supremo podría representar un obstáculo insuperable para las aspiraciones de Bolsonaro de competir en las elecciones presidenciales de 2026, en un posible nuevo enfrentamiento con Lula.

Una ley de 2010, que el propio Bolsonaro apoyó cuando era congresista, prohíbe postularse a cargos públicos a cualquier persona condenada por un tribunal de apelaciones.

Dos fuentes cercanas a Bolsonaro señalaron que el expresidente tiene pocas esperanzas de que los tribunales fallen a su favor. En cambio, sus aliados intentan movilizar apoyo político para presionar a los tribunales y legisladores a fin de despejar el camino para su regreso.

El martes, horas antes de que los fiscales presentaran los cargos en su contra, Bolsonaro se reunió con senadores opositores para discutir un proyecto de ley que reduciría el tiempo de inhabilitación electoral para políticos que cometan irregularidades.

Aunque su aprobación es incierta, algunos conservadores se sienten alentados por la impopularidad de Lula, según encuestas recientes.

Un sondeo de febrero publicado por Datafolha mostró que solo el 24% de los brasileños aprueba el gobierno de Lula, su nivel más bajo en cualquiera de sus tres mandatos.