BRASILIA.— Las crecientes restricciones presupuestarias y de personal en el banco central de Brasil amenazan con debilitar la capacidad del regulador para supervisar un sistema financiero mucho más amplio, justo después del colapso de Banco Master SA.

El regulador perdió el 42% de su plantilla en la última década, mientras que la cantidad de instituciones financieras supervisadas aumentó un 50% en el mismo período. Y la presión podría agravarse todavía más.

Alrededor del 17% de los 600 empleados dedicados a supervisar entidades financieras en Brasil ya están en condiciones de jubilarse. Además, muchos buscan abandonar sus cargos tras el escándalo de Banco Master y ante el temor de ser responsabilizados por fallas vinculadas al caso, según una fuente con conocimiento del tema.

“Todo necesita crecer en la misma proporción”, afirmó José Luiz Rodrigues, socio fundador de la consultora JL Rodrigues, especializada en regulación financiera. “El sistema financiero no funciona solo”.

La caída de Banco Master fue impulsada por una combinación de factores, desde inversiones en activos más ilíquidos y poco convencionales hasta la forma en que la entidad logró quedar fuera del radar regulatorio. El banco no estuvo bajo supervisión diaria hasta fines de 2024, cuando los inversores comenzaron a mostrar una creciente preocupación por su situación financiera.

La escasez de personal está obligando al banco central a concentrar sus esfuerzos de supervisión en las entidades más grandes, según personas familiarizadas con el asunto. Eso alimenta el temor de que vuelvan a acumularse vulnerabilidades fuera del foco del regulador, tal como ocurrió con Banco Master.

El sistema financiero brasileño se expandió de forma significativa en los últimos años. La mayor economía de América Latina se convirtió en un paraíso fintech durante la última década gracias a regulaciones más flexibles para compañías orientadas a segmentos históricamente no bancarizados. A eso se sumó la rápida adopción de smartphones y tecnología digital entre los brasileños.

Ese boom multiplicó la cantidad de firmas bajo supervisión. En enero, Brasil contaba con cerca de 900 instituciones financieras reguladas, frente a menos de 600 diez años atrás. Gran parte del crecimiento provino de instituciones de pago y prestamistas digitales, categorías regulatorias que ni siquiera existían antes de la década de 2010.

El banco central sostuvo que actualmente una parte “significativa” de la supervisión se realiza mediante monitoreo remoto apoyado en tecnología. Según el organismo, eso permite que el personal concentre esfuerzos en cuestiones que la tecnología no puede resolver, como gobernanza, estrategias y controles internos.

El regulador también reconoció que enfrenta nuevos riesgos derivados de la creciente diversidad de instituciones financieras y del avance de amenazas como la ciberseguridad.

El año pasado, una investigación masiva sobre crimen organizado reveló cómo un grupo habría utilizado fintechs para mover dinero ilícito. Una de las compañías mencionadas, BK Instituição de Pagamento, comenzó a ser regulada por el banco central recién en 2024.

El banco central brasileño también quedó expuesto por errores internos. Las autoridades señalaron que dos empleados del organismo ayudaron al ex CEO de Banco Master, Daniel Vorcaro, a influir sobre el regulador a cambio de dinero y beneficios indebidos. Ambos fueron removidos de sus cargos y la evidencia fue enviada a la policía.

A las dificultades estructurales se sumaron nuevas responsabilidades. En 2020, el banco central se convirtió en operador de Pix, el sistema de pagos instantáneos que transformó el mercado financiero brasileño y que funciona las 24 horas del día. El crecimiento de Pix obligó al organismo a redireccionar recursos y personal hacia la operación del sistema.

Además, el regulador financiero brasileño no cuenta con autonomía presupuestaria, lo que ralentiza la contratación, capacitación y reasignación de recursos. Un proyecto de ley para otorgarle mayor independencia permanece trabado en el Congreso.

Durante una audiencia pública en el Congreso el mes pasado, el presidente del banco central, Gabriel Galipolo, reconoció la gravedad de la situación.

“Al principio pedí apoyo, pedí ayuda, y ahora estoy pidiendo rescate”, dijo Galipolo ante los legisladores.

El funcionario reclamó además la aprobación de una reforma que permita al banco central alinearse con el marco legal e institucional que tienen otros bancos centrales del mundo.

El regulador enfrenta además limitaciones legales que reducen su capacidad de intervención preventiva. La normativa actual prácticamente le impide actuar sobre un banco hasta que enfrenta una crisis concreta de liquidez, restringiendo así las herramientas de anticipación y resolución temprana.

En los últimos años, el Congreso tampoco logró avanzar con una reforma integral del marco de resolución bancaria, vigente desde la década de 1970.

Según fuentes cercanas al tema, esas limitaciones se vuelven cada vez más preocupantes en un sistema financiero bajo tensión, especialmente tras la caída de Banco Master y sus vínculos con Banco de Brasília SA.