LATAM.— La democracia en América Latina y el Caribe atraviesa un deterioro progresivo marcado por la pérdida de confianza ciudadana, la polarización política y la expansión del crimen organizado, según el informe sobre Democracia y Desarrollo 2026 elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El organismo advirtió que, aunque la región mantiene sistemas democráticos formales, la legitimidad institucional se está debilitando de forma sostenida.

El documento, difundido este lunes, sostiene que América Latina continúa siendo la región más democrática del mundo en desarrollo, pero señala que el crecimiento económico de las últimas décadas no logró traducirse en una mejora de la confianza en las instituciones ni en una percepción positiva sobre el funcionamiento de los gobiernos.

El PNUD concluyó que la erosión democrática ya no se produce mediante golpes de Estado tradicionales, sino a través de un desgaste gradual de las instituciones desde dentro del propio sistema político. Entre los principales factores de fragilidad identificó la violencia política, la desigualdad económica, la desinformación digital y el avance del crimen organizado.

Según datos de Latinobarómetro citados en el informe, la confianza en las autoridades electorales cayó del 47% en 2016 al 34% en 2024. En paralelo, el porcentaje de ciudadanos que considera fraudulentas las elecciones de su país subió del 48,5% al 60,6% en el mismo período.

Además, menos de la mitad de los latinoamericanos afirmó estar satisfecha con el funcionamiento de la democracia, mientras que más del 70% consideró que los gobiernos actúan principalmente en favor de intereses particulares.

El organismo sostuvo que este deterioro de la confianza institucional está debilitando la legitimidad democrática y ampliando la distancia entre la ciudadanía y las estructuras políticas tradicionales.

El informe también señaló que América Latina y el Caribe registran actualmente el mayor nivel de polarización política del mundo, con una puntuación de 3,4 sobre 4 en la escala del proyecto internacional V-Dem, por encima de Europa Oriental, Asia-Pacífico y de la media global de 2,9 puntos.

Para Naciones Unidas, la polarización dejó de responder exclusivamente a diferencias ideológicas y se transformó en una confrontación identitaria en la que el adversario político comienza a ser percibido como una amenaza existencial.

A ese escenario se suma la expansión del crimen organizado, definido por el PNUD como un fenómeno “sistémico y transnacional” que afecta directamente el funcionamiento democrático de numerosos países de la región.

El informe advirtió que estas organizaciones criminales no solo generan inseguridad, sino que además financian campañas políticas, influyen sobre la representación institucional y disputan al Estado el control territorial. Cuatro de los diez países con mayor violencia política del mundo pertenecen actualmente a América Latina y el Caribe.

En el plano económico y social, el documento reconoció avances en desarrollo humano, aunque advirtió que la desigualdad continúa limitando su impacto real. El Índice de Desarrollo Humano (IDH) regional pasó de 0,648 en 1990 a 0,783 en 2023, pero al ajustarse por desigualdad el indicador se reduce un 21%.

El PNUD señaló además que el 10% más rico de la población concentra cerca del 37% de los ingresos totales de la región, mientras que el 40% más pobre apenas recibe el 13% de la renta.

El informe incorporó también la desinformación digital como uno de los nuevos factores de deterioro democrático. Según el organismo, las redes sociales ya son la principal fuente de información en la mayoría de los países latinoamericanos, aunque más del 60% de los usuarios reconoce desconfiar de ellas.

Naciones Unidas atribuyó esta contradicción al impacto de los algoritmos y de la inteligencia artificial sobre la deliberación pública y la circulación de contenidos polarizantes.

Frente a este escenario, el PNUD propuso reforzar la calidad institucional y la autonomía de los organismos electorales, avanzar hacia un modelo de desarrollo humano más resistente a las crisis y reconstruir la capacidad del Estado para garantizar derechos y servicios públicos.

El organismo concluyó que la sostenibilidad democrática de América Latina y el Caribe dependerá de la capacidad de los gobiernos para recuperar la confianza ciudadana y reducir las brechas sociales y políticas que alimentan el descontento.

Para Naciones Unidas, el deterioro democrático regional no responde a una ruptura abrupta del sistema, sino a un desgaste silencioso y acumulativo que amenaza la estabilidad institucional de toda América Latina y el Caribe.