BUENOS AIRES.— El presidente argentino, Javier Milei, destituyó al titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, tras la difusión de unos audios en los que se habla de un supuesto entramado de sobornos ligado a la compra de medicamentos.

La decisión, en un año electoral cargado de tensión, busca contener el impacto político de una denuncia que golpea al corazón del Gobierno. En la Casa Rosada aseguran que la medida es preventiva.

Pero lo cierto es que la salida de Diego Spagnuolo refleja el alcance de un escándalo que no deja de crecer. Los audios filtrados y una denuncia penal presentada por el abogado Gregorio Dalbón colocan en el centro de la escena a Javier y Karina Milei, además de a colaboradores cercanos y empresarios del sector farmacéutico.

El Gobierno intenta mostrar reflejos rápidos mientras la oposición aprovecha para hablar de una trama de corrupción con epicentro en la presidencia. Una destitución con mensaje político La Presidencia argentina difundió un comunicado breve pero contundente.

Allí se subrayó que el cese del director de la ANDIS se tomó para “garantizar el normal y correcto funcionamiento” del organismo. En paralelo, se adelantó que el ministro de Sanidad, Mario Lugones, asumirá la intervención y anunciará al nuevo responsable.

El trasfondo, sin embargo, excede a la simple reorganización administrativa. Con la campaña electoral en marcha, el Ejecutivo busca enviar un mensaje de control frente a lo que califica de “utilización política” de la oposición.

Los audios que destaparon el caso fueron unas grabaciones difundidas por el canal de streaming Carnaval y replicadas por medios como Clarín.

En ellas, Spagnuolo describe un sistema de “recaudación ilegal” con porcentajes claros: un 8% aplicado a los contratos de medicamentos, de los cuales el 3% correspondería a Karina Milei y otro 1% se destinaría a “gastos de operatoria”.

“De lo que cobran de medicamentos tienes que poner el 8 por ciento, lo tienes que traer a la Suizo y nosotros lo subimos a la Presidencia”, se escucha en uno de los tramos. En otro pasaje, Spagnuolo asegura que hablaba directamente con el presidente: “Tengo todos los WhatsApp de Karina. Él no está metido, pero es toda la gente de él. Van a pedirle guita a los prestadores”.

Una denuncia con nombres propios

El abogado Gregorio Dalbón, conocido por haber defendido a la expresidenta Cristina Fernández, presentó una denuncia en la que se enumeran cargos como cohecho, administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

El escrito apunta directamente a los hermanos Milei, al propio Spagnuolo, a Eduardo “Lule” Menem —asesor de Karina— y al empresario Eduardo Kovalivker, dueño de Suizo Argentina, una de las principales distribuidoras de medicamentos del país. Un funcionario en el ojo de la tormenta La gestión de Spagnuolo ya venía rodeada de polémicas. Su nombre apareció ligado a resoluciones con lenguaje ofensivo hacia personas con discapacidad y a declaraciones que generaron malestar en organizaciones sociales y partidos de la oposición.

La filtración de los audios fue la chispa que terminó de encender la mecha. Con su salida, el Gobierno intenta ganar tiempo y mostrar firmeza. Pero el caso ha abierto un nuevo frente de batalla para Javier Milei, cuya administración enfrenta ahora acusaciones de corrupción que golpean no solo a su entorno, sino también a su hermana y principal aliada política.