BOGOTÁ.- Los organismos de control de ese país sudamericano descubrieron sobrecostos en las compras de alimentos y de equipo hospitalario para atender la emergencia del COVID-19, según denunció el contralor general, una demostración de que la corrupción en Colombia no se detiene ni siquiera ante la pandemia.

En enero de este año, la revista U.S News de Estados Unidos publicó su Índice de Percepción de la Corrupción, donde no en vano, posicionó a Colombia como el país más corrupto del mundo, seguido de países como Ghana, Myanmar, Kenia y Guatemala. Para establecer dicho escalafón de la deshonra se consultó la opinión de más de 20.000 personas en 73 países.

Antes de ordenar un aislamiento preventivo obligatorio que se extendió en Colombia hasta el 27 de abril, el Gobierno de Iván Duque decretó a mediados de marzo el Estado de Emergencia, una figura que le permite a las alcaldías y gobernaciones realizar procesos de contratación directa para atender las necesidades sanitarias.

“Hemos podido encontrar varios casos de presuntos sobrecostos en contratos de alimentación, en la compra de camillas y equipos biomédicos”, dijo a la agencia Reuters el contralor general, Carlos Felipe Córdoba.

El funcionario a cargo del máximo órgano de control fiscal del Estado afirmó que en la revisión de más de 8.100 contratos firmados por alcaldías y gobernaciones por un monto que supera los 800.000 millones de pesos (206,7 millones de dólares) se detectaron sobrecostos por 80.000 millones de pesos (20,6 millones de dólares).Un escándalo.

Ya lo advertía Transparencia Internacional (TI) en un informe cuando la pandemia estaba en su fase inicial en América Latina, en el que resaltó la necesidad de garantizar la claridad en la asignación de fondos públicos y hacer un control efectivo para evitar sobreprecios y desvíos en países históricamente corruptos, como Colombia.

En sintonía con el contralor, el procurador general, Fernando Carrillo, dijo que además de los sobrecostos, alcaldes y gobernadores están usando con fines políticos la repartición de mercados a la gente más pobre.

“El hambre de los colombianos más vulnerables no la vamos a dejar convertir en el banquete de los corruptos inescrupulosos”, dijo el funcionario en su cuenta de Twitter.

La corrupción es considerada como un problema estructural en ese país sudamericano de 50 millones de habitantes y anualmente le cuesta unos 12.919 millones de dólares, un 4,1% de su Producto Bruto Interno y casi una quinta parte de su presupuesto de gastos aprobado inicialmente por el Congreso para este año, según datos de la Contraloría General.

Asimismo, Colombia ocupó el puesto 96 entre 180 países en la clasificación de Transparencia Internacional el año pasado. Esa organización sostiene que el país forma parte de un grupo de naciones donde los esfuerzos anticorrupción están estancados.