DAMASCO.— Una noche de enero, 12 hombres encapuchados irrumpieron con fusiles AK-47 en la casa de la familia de Um Hassan en Damasco. Tras exigir que se marcharan, ignoraron los títulos de propiedad presentados y detuvieron al hermano mayor. Solo lo liberaron, golpeado y ensangrentado, después de que la familia abandonara la vivienda al día siguiente. Como muchos, Um Hassan pidió mantenerse en el anonimato por temor a represalias.

Su caso no es aislado. Desde que el presidente Ahmed al-Sharaa asumió el poder en diciembre, cientos de familias alauitas —una rama del islam chií vinculada al derrocado Bashar al-Assad— han sido desalojadas de sus hogares por fuerzas de seguridad en Damasco, de acuerdo con denuncias de funcionarios sirios, líderes comunitarios, organizaciones de derechos humanos y testimonios recopilados por Reuters.

“Estamos ante cientos, si no miles, de casos. No se trata de incidentes aislados”, advirtió Bassam Alahmad, director ejecutivo de Syrians for Truth and Justice (STJ). Aunque el gobierno justifica algunos desalojos por la pérdida de empleo y el fin del derecho a la vivienda estatal, muchos de los desplazamientos afectan a familias con propiedades privadas, únicamente por su filiación religiosa.

El Ministerio del Interior y la oficina del presidente no respondieron a los pedidos de comentario. Entretanto, miembros de la recién formada agencia de seguridad —compuesta por excombatientes rebeldes— han sido vinculados directamente a los desalojos. En una grabación obtenida por Reuters, un supuesto agente ordena al alcalde de un suburbio de Damasco “vaciar una de esas casas de los cerdos”, en referencia despectiva a los alauitas.

Autoridades de seguridad habrían creado dos comités: uno para confiscar propiedades de supuestos aliados del régimen anterior y otro para gestionar quejas. Sin embargo, no está claro si Sharaa tiene control directo sobre estas acciones. Para muchos, se trata de una venganza sectaria que replica, en sentido inverso, la estrategia de desplazamiento impulsada por Assad contra las comunidades suníes.

En el barrio alauita de Dahyet al-Assad, Um Hussein, madre de cuatro hijos, fue obligada a abandonar su casa privada el 16 de enero. Aunque obtuvo promesas de ayuda tras apelar a diversas dependencias estatales, los agentes regresaron al día siguiente y le dieron dos minutos para salir. También le confiscaron un local comercial.

“Vivimos aquí más de 22 años. Todo lo que teníamos lo invertimos en esta casa. No tenemos cómo alquilar otro lugar”, dijo Um Hussein.

STJ presentó una denuncia el 16 de abril exigiendo el cese de los desalojos sectarios y la restitución de propiedades saqueadas. Pero los desalojos continúan, en su mayoría sin orden judicial y dirigidos contra sirios de bajos y medianos ingresos, imposibilitados de defenderse legalmente.

“La intención es clara: infundir miedo y mostrar al mundo que los alauitas ya no están en el poder”, concluye Joshua Landis, experto en Siria. “No hay justicia transicional, solo injusticia transicional”.