CARACAS.— La fiscalía venezolana ha convocado a Edmundo González, un opositor que ha denunciado fraude en las elecciones presidenciales del 28 de julio, para que declare el viernes, advirtiendo que si no acude se emitirá una orden de captura.

Esta es la tercera citación dirigida al rival del presidente Nicolás Maduro, cuya reelección, proclamada hace un mes, es cuestionada por parte de la comunidad internacional. Este jueves, ministros de exteriores europeos negaron la «legitimidad democrática» del mandatario venezolano.

González Urrutia participó mediante videoconferencia en una reunión con estos ministros, donde expuso la situación en Venezuela, aunque su intervención no fue pública. A sus 75 años, ya ha ignorado dos citaciones previas esta semana, argumentando que el Ministerio Público actúa como un «acusador político» que lo sometería a un proceso «sin garantías de independencia y debido proceso».

La líder opositora María Corina Machado adelantó que González no asistirá, preguntando retóricamente en una rueda de prensa con medios españoles: «¿De qué estamos hablando?». La fiscalía advirtió que, de no presentarse, González sería considerado un «peligro de fuga» y un «peligro de obstaculización», lo que justificaría una orden de aprehensión.

Juristas han calificado este procedimiento como irregular. Desde el 30 de julio, González Urrutia está en la clandestinidad, comunicándose únicamente a través de redes sociales. La citación, al igual que las anteriores, no aclara si fue convocado como imputado, testigo o experto, refiriéndose únicamente a una «entrevista en relación a los hechos» investigados por la presunta «usurpación de funciones» y «forjamiento de documento público», delitos que podrían conllevar hasta 30 años de prisión.

La citación se centra en un sitio web donde la oposición publicó copias de más del 80% de las actas de votación, alegando que estas prueban la victoria de González Urrutia el 28 de julio y el fraude de Maduro. La opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD) declaró que González Urrutia no fue responsable de la publicación de las actas y defendió la digitalización y resguardo de estas, asegurando que no constituye un delito.

El chavismo desestimó los documentos y la corte suprema ordenó una investigación tras validar el resultado oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE), que proclamó a Maduro ganador con el 52% de los votos, aunque no publicó el detalle del escrutinio mesa por mesa, como exige la ley.

Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea, insistió en que la victoria que González Urrutia proclama no ha sido probada, afirmando que no se puede reconocer la legitimidad democrática de las elecciones. Estados Unidos y varios países de América Latina tampoco reconocen la victoria de Maduro, quien ha fortalecido su gabinete nombrando a Diosdado Cabello, del ala más dura del chavismo, como ministro del Interior.

Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado de EE. UU., escribió en X que «la manipulación, represión y censura no cambian el resultado de la elección en Venezuela», señalando que un mes después, es claro que Edmundo González obtuvo la mayoría de los votos. A esto, el canciller venezolano, Yván Gil, respondió a Borrell diciendo que sus comentarios no son de importancia y escribió a Miller que Venezuela no debe explicaciones a ninguna instancia extranjera, mucho menos a EE. UU.

Maduro ha solicitado la encarcelación de González Urrutia y Machado, ambos en la clandestinidad, acusándolos de ser responsables de la violencia en las protestas poselectorales, que han dejado 27 muertos, casi 200 heridos y más de 2.400 detenidos, incluyendo un centenar de menores de edad, 16 de los cuales fueron liberados bajo libertad condicional el jueves. El fiscal general, Tarek William Saab, ya había anunciado una investigación penal contra ambos por «instigación a la insurrección» militar, luego de que González Urrutia instara a los militares a reconocer su victoria.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró a González Urrutia en desacato por ignorar un llamado a participar en el proceso de certificación de la elección, que él y varios expertos consideraron improcedente. Machado también advirtió sobre un posible allanamiento de la residencia de González Urrutia, quien fue candidato presidencial tras ser inhabilitado.