WASHINGTON.— El Gobierno de Estados Unidos autorizó a las petroleras que operan en Venezuela a pagar impuestos, permisos y gravámenes locales sin exponerse a sanciones, en el marco de una nueva licencia general emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro.

La medida forma parte de una flexibilización parcial del régimen de sanciones sobre el sector energético venezolano y redefine el marco operativo para las compañías extranjeras que mantengan actividades en el país.

La actualización normativa permite realizar pagos “ordinarios y necesarios” vinculados a operaciones energéticas autorizadas, eliminando la necesidad de solicitar permisos individuales para cumplir con obligaciones fiscales locales. No obstante, el esquema mantiene controles estrictos y exigencias de supervisión por parte del Tesoro estadounidense.

Entre las condiciones impuestas figura que los contratos con el Gobierno de Venezuela o con PDVSA deberán regirse por legislación estadounidense y contemplar que cualquier disputa se resuelva en tribunales de Estados Unidos. Además, las compañías deberán cumplir con requisitos de reporte periódico y mecanismos de control financiero.

El cambio regulatorio se produce tras autorizaciones previas que habilitaron determinadas transacciones comerciales con crudo venezolano. En la práctica, el nuevo esquema reduce barreras operativas, aunque mantiene el andamiaje sancionatorio vigente desde 2019.

Chevron es actualmente la única gran petrolera estadounidense con operaciones activas en Venezuela bajo licencia específica. Sus empresas mixtas con PDVSA aportan cerca del 27% de la producción nacional, equivalente a unos 242.000 barriles diarios.

Venezuela posee aproximadamente 303.000 millones de barriles de reservas probadas de crudo, lo que representa alrededor del 17% del total mundial, según datos oficiales.

Durante su primer mandato, Donald Trump impuso sanciones al sector petrolero venezolano, golpeando a una economía altamente dependiente de las exportaciones de crudo. Con esta nueva licencia, Washington introduce un marco más flexible que permite mayor operatividad a las energéticas, aunque bajo supervisión directa de las autoridades estadounidenses.