WASHINGTON.- Autoridades de inmigración se preparan para comenzar durante el próximo fin de semana una operación nacional en busca de personas que vivan sin autorización en el país, revelaron dos funcionarios de gobierno y activistas a favor de los derechos de los migrantes. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, lo había pospuesto el mes pasado.
El operativo, que causa indignación entre los activistas, se enfocará en aquellas personas con órdenes finales de deportación, incluso familias cuyos casos han sido acelerados por los jueces en 10 ciudades grandes de Estados Unidos.
Funcionarios del gobierno señalaron que el operativo sigue en pie y que es posible que comience próximamente, aseguraron en condición de anonimato por no estar autorizados para hablar del tema. Los defensores de inmigrantes están difundiendo números de emergencia para que los posibles afectados puedan llamar, además de capacitaciones para que conozcan sus derechos.
El operativo es similar a los que se realizan con frecuencia desde 2003 y que como resultado deriva en cientos de arrestos. Aunque no suele ser común que vayan tras familias , a diferencia de inmigrantes con antecedentes penales, tampoco carece de precedentes. Anteriormente en el gobierno de Barack Obama y en el de Trump se han perseguido familias en operativos previos.
Sin embargo, este es especial y se destaca por la política que lo rodea y es apreciado por muchos como un acto de campaña del mandatario estadounidense.
Trump anunció el mes pasado a través de su medio favorito, Twitter, que la redada podría marcar el inicio de un esfuerzo por deportar a millones de personas que están en el país sin autorización, algo casi imposible dados los escasos recursos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de ese país, encargado de arrestar y emitir las órdenes de deportación.
Fiel a su estilo, el presidente canceló el operativo abruptamente tras recibir una llamada de la demócrata y presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, mientras los legisladores trabajaban para aprobar un acuerdo de apoyo financiero para la frontera de 4.600 millones de dólares.
