WASHINGTON.- Con el fin de ejercer mayor presión sobre Cuba, el gobierno estadounidense, se dispone a permitir demandas contra empresas extranjeras que hayan hecho negocios en propiedades confiscadas a estadounidenses por el Gobierno de La Habana tras la revolución de 1959, aseguró este martes un alto funcionario de la Casa Blanca.

La decisión representa un cambio en mas de dos décadas de política estadounidense hacia La Habana en relación a la Ley Helms-Burton de 1996. La medida se da mientras la administración Trump continúa presionando al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, principal aliado de Cuba.

La ley de 1996 dio a los estadounidenses el derecho a demandar a empresas que lucren con propiedades confiscadas por Cuba. Pero todos los presidentes estadounidenses desde Bill Clinton han suspendido una cláusula por temor a molestar a los aliados de Washington y complicar las relaciones con el gobierno cubano.

Tras el anuncio, se prevé que el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, discuta la nueva política durante un discurso el miércoles en Miami, en donde residen miles de exiliados e inmigrantes de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

En ese sentido, España y otros países habían pedido en las últimas semanas al Gobierno estadounidense que no cumpliera sus amenazas de activar el Título III de esa ley de 1996, algo que podría afectar a compañías españolas como el grupo hotelero Melía.

Ese título se creó para permitir que los estadounidenses, incluidos los cubanos naturalizados, pudieran demandar ante cortes norteamericanas a las compañías que supuestamente se estaban beneficiando de propiedades en Cuba que eran suyas antes de la revolución de 1959, como ya se explicó anteriormente.

Asimismo, un funcionario del Gobierno de Donald Trump dijo que se planea comenzar a ejercer una parte de la ley que le permite a Estados Unidos rechazar visas a cubanos y ciudadanos de otros países involucrados en operaciones comerciales en propiedades confiscadas.