WASHINGTON.— El fiscal general de Texas, Ken Paxton, conocido por su postura desafiante hacia el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se enfrenta al riesgo de destitución debido a múltiples cargos de corrupción. Según fuentes oficiales, el Parlamento estatal someterá su caso a votación este sábado.
Una comisión parlamentaria de investigación, conformada incluso por miembros republicanos, ha presentado de manera unánime veinte cargos contra Paxton, incluyendo corrupción, malversación de fondos públicos, declaraciones falsas y obstrucción de la justicia.
Las acusaciones contra Paxton, quien ocupa un cargo electo, se relacionan con presiones ejercidas sobre su personal para beneficiar a un amigo y donante de campaña en problemas legales. Según la acusación, a cambio de estos favores, el amigo empleó a una amante del fiscal general republicano y financió trabajos en su residencia.
El sábado, el texto de acusación será presentado ante la Cámara de Representantes de Texas. Si se aprueba por mayoría simple, Paxton será sometido a juicio en el Senado estatal. Para destituirlo, se requerirá el acuerdo de dos tercios de los senadores, entre los cuales se encuentra su esposa.
Paxton, un ferviente ultraconservador de 60 años con cercanía al expresidente Donald Trump, cuenta con críticos dentro de su propio partido, lo que genera incertidumbre sobre el resultado de estas votaciones. Aunque enfrenta una acusación pendiente por fraude financiero, fue reelegido en 2018 y nuevamente en 2022.
Desde su cargo, Paxton ha presentado cerca de cincuenta denuncias contra la administración de Joe Biden, cuestionando su política migratoria, fiscal y medioambiental, según señaló a la prensa.
Paxton ha denunciado el proceso en su contra como «ilegal», «vergonzoso» e «injusto», y ha instado a sus seguidores a manifestarse frente al Congreso texano en Austin durante la votación.
En 2020, miembros de su equipo denunciaron presunto abuso de poder, y tras ser destituidos sin justificación, presentaron reclamaciones. A principios de 2023, Paxton llegó a un acuerdo para poner fin a estas demandas a cambio de una suma de 3,3 millones de dólares, solicitando que el estado de Texas cubriera dicha cantidad. Este asunto llevó a la apertura de una investigación parlamentaria.
