BOGOTÁ.— Según el oficialismo, la Procuraduría está asumiendo competencias que van en contra de las sentencias repetidas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la jurisprudencia del Consejo de Estado, ya que se han abierto investigaciones que pueden llevar a la suspensión; destitución e inhabilitación de congresistas, a pesar de que esta competencia debería estar exclusivamente en manos de los tribunales.

El Ministerio Público, también conocido como Procuraduría, tiene la facultad de investigar a congresistas y funcionarios públicos cuando se exceden en sus funciones o hacen un mal uso de su poder y los recursos públicos. Sin embargo, el Pacto Histórico sostiene que se han iniciado investigaciones contra congresistas como Wilson Arias, María José Pizarro, David Racero y Alexander López.

En las últimas semanas, dos senadores del Pacto Histórico, Roy Barreras y César Pachón, han sido suspendidos por organismos judiciales, como el Consejo de Estado, debido a la doble militancia, lo cual está prohibido por la ley electoral.

Sin embargo, el senador Arias ha denunciado una «feroz guerra jurídica» en su contra, ya que la Procuraduría le ha notificado un pliego de cargos por hechos ocurridos hace 2 años, cuando él defendió a jóvenes durante el paro nacional.

Arias afirma que esto es una clara persecución, ya que si es suspendido, sería la cuarta curul que se le quita al Pacto Histórico en 6 meses. Racero, quien actualmente es el presidente de la Cámara de Representantes, ha asegurado hoy que la Procuraduría está hostigando claramente al Pacto Histórico y al Gobierno, y considera que esto se debe a una politización de la Procuraduría y la Fiscalía en su contra.

El presidente colombiano ha denunciado en los últimos días un supuesto «golpe blando», donde diversas entidades están «arrebatando» votos a los congresistas de su partido mediante suspensiones administrativas. En un mensaje en su cuenta de Twitter, afirmó que están alterando de facto la representación política en el Congreso elegida por el pueblo.

Petro respondió a las declaraciones de la procuradora Margarita Cabello, quien le exigía respeto por las instituciones y garantías de separación de poderes, diciendo: «Usted no es justicia penal. No se atribuya funciones que no tiene».

Cabello, quien fue ministra de Justicia del Gobierno de Iván Duque y ahora ocupa este cargo, afirmó que las decisiones judiciales y administrativas, como las sanciones disciplinarias, se respetan y se acatan en el país, y si se desean debatir o impugnar, se debe hacer dentro de ese proceso.

Este martes, Petro volvió a hablar sobre el supuesto «hostigamiento» al Pacto Histórico, asegurando que es una situación que ocurre en todos los países latinoamericanos, donde se utiliza la fiscalía y la procuraduría para resolver asuntos políticos.

El presidente manifestó que más de tres millones de electores eligieron ser representados en el Congreso por el Pacto Histórico y que tienen derechos políticos, que son derechos humanos