SAN SALVADOR.— Los tribunales salvadoreños ordenaron que más de 36.000 personas detenidas bajo el régimen de excepción, vigente desde inicios de marzo, continúen en prisión preventiva mientras enfrentan un proceso penal, según informó la Presidencia del país centroamericano el fin de semana.
Este dato se desprende de una afirmación del fiscal general, Rodolfo Delgado, citado por la Presidencia en un comunicado de prensa. «Llegamos a más de 36 mil detenciones provisionales. Los equipos fiscales han presentado 767 requerimientos. Ganaremos esta batalla», indicó el titular de la Fiscalía.
#PlanControlTerritorial | El Salvador suma otro día sin homicidios, alcanzando la cifra histórica de 142 en los primeros tres años del Gobierno del Presidente @nayibbukele. https://t.co/YROboSEXem
— Secretaría de Prensa de la Presidencia (@SecPrensaSV) June 26, 2022
De acuerdo con la información, esto significa que «8 de cada 10 pandilleros que la Policía Nacional Civil (PNC) ha detenido esperan el desarrollo de su proceso penal en la cárcel» y añadió que «es la ruta que seguirán todos».
Son cerca de 42.000 las personas detenidas bajo este régimen, que suspende garantías constitucionales, de las que el presidente Nayib Bukele ha dicho que el 1 % podrían ser arrestos por «error».
Varias organizaciones humanitarias salvadoreñas e internacionales expusieron recientemente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que han recibido miles de denuncias de atropellos.
Entre las ONG y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) son más de 3.000 las denuncias, principalmente por detenciones arbitrarias. También denunciaron ante la CIDH, en una audiencia pública en la que el Estado salvadoreño declinó participar, que son al menos 52 personas las detenidas y que han fallecido bajo custodia estatal.
El encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos en El Salvador, Patrick Ventrell, reconoció la semana pasada las «fuertes acciones» del gobierno de Bukele contra las pandillas, pero señaló que el régimen de excepción vigente desde finales de marzo es «insostenible».
«El régimen de excepción no puede seguir para siempre y en una democracia todas las personas acusadas de un crimen deben ser procesadas con un sistema de justicia transparente», afirmó Ventrell.
Una ola de asesinatos el último fin de semana de marzo se saldó con 87 víctimas. En respuesta, el Congreso aprobó la suspensión de garantías constitucionales para darle poderes especiales al Ejecutivo.
Bukele defiende su medida al mencionar que se está cerca de ganar la «guerra contra las pandillas» con esta medida, que se ha visto acompañada de reformas penales para endurecer las condenas contra los pandilleros.
