BUENOS AIRES.— El Senado argentino aprobó en general la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei, en lo que representa el primer gran test legislativo del año para el oficialismo. El proyecto obtuvo 42 votos a favor y 30 en contra, tras una sesión especial que se extendió hasta la madrugada del jueves.
La votación se desarrolló en paralelo a una protesta de sindicatos y organizaciones sociales frente al Congreso, con miles de manifestantes y algunos incidentes aislados que derivaron en la intervención de fuerzas de seguridad.
Antes del tratamiento en particular, la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, anunció la aprobación en general. El texto pasará ahora a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva.
El proyecto introduce 28 modificaciones respecto del borrador original, incorporadas tras negociaciones con sectores de la oposición dialoguista, entre ellos el PRO y la Unión Cívica Radical. La iniciativa reforma el régimen laboral vigente desde 1974 y redefine aspectos centrales del esquema de contratación.
Uno de los ejes es la creación de un Fondo de Asistencia Laboral como alternativa al sistema tradicional de indemnizaciones por despido. El mecanismo prevé que los empleadores aporten el 3% del salario de cada trabajador a una cuenta destinada a cubrir eventuales indemnizaciones. Ese mismo porcentaje será compensado mediante una desgravación equivalente en las contribuciones a la seguridad social.
En materia de organización del trabajo, la norma habilita el fraccionamiento de vacaciones en períodos mínimos de siete días y establece que el empleador deberá garantizar el descanso en temporada de verano al menos una vez cada dos años. También incorpora un banco de horas, que permite acumular horas extras para compensarlas con jornadas reducidas o días libres, en lugar de abonarlas con recargos del 50% en días hábiles o del 100% en fines de semana y feriados, como fija la legislación vigente.
El texto además deroga estatutos profesionales —entre ellos el del Periodista Profesional— y modifica la Ley de Contrato de Trabajo y la Ley de Asociaciones Sindicales. Las asambleas y congresos de delegados deberán contar con autorización previa de la empresa y no podrán afectar la actividad laboral; durante esas convocatorias no se abonará salario.
La reforma amplía el período de prueba en regímenes especiales, como el de casas particulares y trabajadores rurales, y crea un régimen específico para el trabajo en plataformas digitales, bajo la figura de trabajador independiente, con libertad para elegir horarios y servicios.
En paralelo, se incorpora un régimen de incentivo a la formalización laboral orientado a desempleados recientes, exempleados públicos y trabajadores autónomos. Como parte de las modificaciones acordadas, el oficialismo aceptó mantener por dos años las cuotas sindicales de afiliados, con un tope del 2% del salario, y conservar la contribución del 6% destinada a las obras sociales.
Con esta media sanción, La Libertad Avanza avanza en una de las reformas estructurales centrales de su agenda económica, en un Congreso donde posee la primera minoría en Diputados y el segundo bloque más numeroso en el Senado tras la renovación parlamentaria iniciada el 10 de diciembre.
