LA PAZ — Los bloqueos de carreteras que provocaron severos desabastecimientos de alimentos y medicinas en toda Bolivia han comenzado a disminuir tras 46 días de un conflicto que puso a prueba la capacidad de resistencia del nuevo gobierno, informaron fuentes oficiales.

Según la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), el número de cortes de ruta se redujo a aproximadamente 50 la mañana del lunes, frente a los más de 100 registrados en los días previos. Manifestantes se han retirado de puntos clave en La Paz, Cochabamba y El Alto, zonas donde el gobierno ha desplegado maquinaria pesada para despejar las vías y reparar el pavimento dañado.

En otras regiones, los propios ciudadanos limpian los escombros manualmente, permitiendo la reactivación gradual del transporte de mercancías.

El debilitamiento de las protestas coincide con divisiones internas entre las organizaciones movilizadas y el severo impacto económico del paro. La Cámara Nacional de Industrias (CNI) estimó las pérdidas en 2.800 millones de dólares, una cifra equivalente al 5,5% del Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia.

Las movilizaciones han sido impulsadas por la Central Obrera Boliviana (COB), la federación de campesinos de La Paz y el expresidente Evo Morales, quienes inicialmente exigían la renuncia del mandatario Rodrigo Paz.

No obstante, sectores clave como los maestros y trabajadores fabriles han firmado acuerdos sectoriales con el Ejecutivo. Asimismo, cinco sindicatos regionales han presionado a sus dirigencias nacionales para forzar una salida negociada.

«Enviaremos una carta al gobierno detallando las condiciones para el diálogo», afirmó Rolando Choque, secretario general de la federación de campesinos, quien advirtió que los bloqueos podrían recrudecer si no obtienen una respuesta en 24 horas. Sin embargo, Choque confirmó que la demanda de renuncia del presidente Paz ha sido excluida del pliego de condiciones.

El gobierno boliviano fortaleció su posición la semana pasada tras la promulgación de una ley que facilita la imposición de medidas de emergencia para contener los disturbios. En paralelo, la administración de Paz anunció que se encuentra en la fase final para concretar un programa de financiamiento de 3.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI).