MADRID.— El España salió a responder la ofensiva del Parlamento Europeo contra el acuerdo UE–Mercosur y defendió la solidez jurídica del texto, al tiempo que expresó su confianza en que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avale su compatibilidad con los Tratados.

Desde el Ministerio de Economía, que encabeza Carlos Cuerpo, subrayaron que la solicitud de una opinión consultiva al TJUE es un procedimiento habitual dentro del marco comunitario y remarcaron que no bloquea la entrada en vigor provisional del acuerdo, una vez que al menos un país de Mercosur complete su ratificación.

El Ejecutivo español insistió en que el texto no difiere en estructura ni en contenido de otros acuerdos comerciales ya aprobados por la Unión Europea con terceros países y remarcó que seguirá trabajando con sus socios comunitarios y con Mercosur para sostener el impulso político del pacto, al que considera estratégico en un escenario de inestabilidad geopolítica creciente.

Economía recalcó que la consulta al TJUE no pone en cuestión el fondo del acuerdo, sino que forma parte de los controles institucionales previstos para garantizar su encaje legal. En ese sentido, el Gobierno da por descontado que el tribunal confirmará la compatibilidad del texto con el derecho comunitario, como ocurrió en precedentes similares.

España argumenta que el recorrido institucional del acuerdo no es excepcional y recuerda que otros pactos comerciales atravesaron procesos equivalentes sin sufrir cambios sustanciales antes de entrar en vigor.

Según las estimaciones oficiales, el acuerdo UE–Mercosur permitiría eliminar más del 90% de los aranceles a las exportaciones europeas hacia el bloque sudamericano y generaría ahorros superiores a los 4.000 millones de euros anuales para las empresas de la UE, además de ampliar el acceso a mercados clave para la industria y el agro europeos.

El Ministerio de Economía advirtió además que cada mes de retraso tiene un costo económico concreto. Un estudio del European Centre for International Political Economy (ECIPE) estima que, si el acuerdo no entra en vigor durante 2026, la economía europea dejaría de generar alrededor de 4.400 millones de euros de PIB por mes, con exportaciones perdidas cercanas a los 3.000 millones de euros mensuales.

Para el Gobierno español, estos números refuerzan una conclusión sencilla y poco épica: demorar el acuerdo sale caro. Y en un mundo cada vez más fragmentado, perder tiempo también es perder competitividad.