MANILA.— Las autoridades de Filipinas arrestaron este martes al exmandatario Rodrigo Duterte a solicitud de la Corte Penal Internacional (CPI), en un importante avance dentro de la investigación del organismo sobre los miles de asesinatos ocurridos durante la sangrienta “guerra contra las drogas” que marcó su presidencia.

Duterte, el exalcalde de carácter indomable que gobernó Filipinas entre 2016 y 2022, fue detenido al llegar desde Hong Kong al principal aeropuerto de Manila y ahora se encuentra bajo custodia, según un comunicado de la oficina de su sucesor, Ferdinand Marcos Jr.

La “guerra contra las drogas” fue la plataforma política central de Duterte, que lo catapultó al poder en 2016 como un fiscal de línea dura contra el crimen. Durante su mandato, cumplió sus promesas de erradicar a narcotraficantes y consumidores, con discursos incendiarios en los que justificaba los asesinatos.

Si es trasladado a La Haya, Duterte podría convertirse en el primer exjefe de Estado de Asia en ser juzgado por la CPI.

Duterte ha insistido en que solo ordenó a la policía disparar en defensa propia y ha defendido repetidamente su brutal campaña, afirmando que estaba dispuesto a “pudrirse en la cárcel” si eso significaba librar a Filipinas de las drogas.

En un video publicado en Instagram por su hija, Veronica Duterte, desde la base aérea de Villamor en Manila, donde se encuentra detenido, el exmandatario cuestionó los motivos de su arresto.

«¿Cuál es la ley y cuál es el crimen que cometí?» preguntó en el video, sin quedar claro a quién se dirigía. “No vine aquí por voluntad propia, fue por decisión de otros. Ahora ustedes deben responder por la privación de mi libertad.”

La oficina presidencial aún no ha aclarado los próximos pasos para Duterte ni los cargos específicos que le imputa la CPI.

Según la policía, 6.200 sospechosos murieron en operativos antidrogas que, según las autoridades, terminaron en tiroteos. Sin embargo, activistas sostienen que el verdadero número de víctimas es mucho mayor y que miles de consumidores de drogas en barrios marginales, incluidos aquellos incluidos en “listas de vigilancia” comunitarias, fueron ejecutados en circunstancias sospechosas.

El fiscal de la CPI ha señalado que hasta 30.000 personas podrían haber sido asesinadas por la policía o por individuos no identificados.

Las fuerzas de seguridad han rechazado las acusaciones de ejecuciones sistemáticas y encubrimientos.

El arresto de Duterte llega tras años de desafiar y despreciar a la CPI, desde que retiró unilateralmente a Filipinas del tratado fundacional del tribunal en 2019, cuando comenzaron las investigaciones sobre presuntos asesinatos sistemáticos de narcotraficantes bajo su mandato.

La CPI investiga presuntos crímenes de lesa humanidad y sostiene que mantiene jurisdicción sobre delitos cometidos mientras Filipinas aún era miembro. Aunque el país se había negado a cooperar, la administración de Marcos cambió de postura en noviembre y comenzó a dar señales de que acataría una orden de arresto si se emitía.

El arresto se produjo apenas unas horas después de que Duterte, durante una audiencia legislativa, instara a la CPI a “apresurarse” con su investigación.

«Ya estoy viejo, podría morir pronto. Tal vez se pierdan el placer de verme de pie ante el tribunal escuchando el veredicto, sea cual sea», dijo Duterte en esa ocasión, asegurando que asumía la plena responsabilidad de lo ocurrido.

Medios de comunicación mostraron imágenes de Duterte en el aeropuerto de Manila, vistiendo una chaqueta y una camisa de polo a rayas, caminando tranquilamente por un pasillo mientras varios agentes lo escoltaban.

Salvador Panelo, exasesor legal y aliado de Duterte, calificó el arresto de ilegal y afirmó que la policía le negó representación legal.

«La orden de arresto de la CPI proviene de una fuente espuria, la CPI, que no tiene jurisdicción sobre Filipinas», declaró Panelo en un comunicado.

Organizaciones de derechos humanos señalaron que el arresto es un paso clave hacia la rendición de cuentas por los miles de asesinatos ocurridos en Filipinas.

Randy delos Santos, tío del estudiante de secundaria Kian delos Santos, cuyo asesinato a manos de la policía conmocionó al país, calificó la detención de «verdadera justicia».

«Al menos a él se le da la oportunidad de defenderse, a diferencia de las víctimas de su guerra contra las drogas», dijo en referencia a Duterte.

Por su parte, Leila de Lima, exsenadora encarcelada bajo el gobierno de Duterte luego de investigar los asesinatos relacionados con la campaña antidrogas, destacó la lucha de las familias de las víctimas por la justicia.

«Duterte está rindiendo cuentas, no ante mí, sino ante las víctimas, sus familias y un mundo que se niega a olvidar», afirmó.