SAN SALVADOR.—  El juicio colectivo contra los principales líderes de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13) concluyó este martes en El Salvador, tras casi tres meses de audiencias en las que la Fiscalía solicitó penas de miles de años de prisión para los acusados.

Se trata del primer proceso judicial masivo contra la cúpula de una organización criminal en el país. Entre los procesados se encuentran los 22 integrantes de la denominada «ranfla histórica», el máximo órgano de dirección de la MS-13, junto con otros cabecillas de la pandilla.

El juicio comenzó el 20 de abril en un Tribunal Contra el Crimen Organizado de San Salvador. Los acusados siguieron las audiencias de manera virtual desde distintos centros penitenciarios, incluidos unos 220 líderes recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel construida por el gobierno de Nayib Bukele.

Antes de emitir sentencia, el tribunal deberá analizar un expediente integrado por unos 650 audios y más de 22.000 folios de pruebas, entre ellas informes policiales, fotografías, autopsias y documentación presentada por la Fiscalía.

Los imputados enfrentan cargos por homicidio, feminicidio, extorsión, tráfico de armas, narcotráfico, desaparición de personas, rebelión y otros delitos. Muchos de ellos ya cumplen condenas equivalentes a cadena perpetua.

Según informó el Órgano Judicial, la Fiscalía solicitó la pena máxima para cada acusado por cada uno de los delitos atribuidos, además del pago conjunto de u$s9 millones en concepto de responsabilidad civil por extorsión agravada.

Durante el proceso, 162 imputados hicieron uso de la palabra.

El fiscal especializado contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, había anticipado en junio que las penas solicitadas impedirán que los condenados vuelvan a recuperar la libertad.

«Con las penas que el juez imponga, estas personas definitivamente no salen del sistema penitenciario», sostuvo el funcionario, quien agregó que «no les alcanzan ni diez vidas para cumplir las condenas que enfrentarán».

Entre los hechos atribuidos a los acusados figura la presunta responsabilidad en el asesinato de 87 personas durante una ola de violencia registrada en marzo de 2022, episodio que llevó al presidente Bukele a declarar el régimen de excepción que continúa vigente y bajo el cual más de 92.000 personas fueron detenidas sin orden judicial.

La estrategia de seguridad del Gobierno salvadoreño ha sido cuestionada por organizaciones de derechos humanos, que denuncian la falta de independencia judicial, detenciones arbitrarias y posibles violaciones a los derechos fundamentales durante la ofensiva contra las pandillas.