LIMA.— La Fiscalía de Perú pidió que el expresidente Ollanta Humala, quien fue sentenciado en abril pasado a 15 años de cárcel, reciba una nueva condena a 35 años de prisión por los delitos de asociación ilícita para delinquir y lavado de activos, en este caso por la presunta licitación irregular del Gasoducto Sur Peruano, informaron el miércoles fuentes oficiales.
La petición fue hecha por el equipo especial que investiga el caso Lava Jato en Perú, que hace dos meses consiguió que Humala fuera declarado culpable, en primera instancia, por aportes irregulares a sus campañas electorales de 2006 y 2011.
El Ministerio Público señaló en la red social X que también pidió que se impongan 35 años de cárcel a la esposa de Humala, Nadine Heredia, quien recibió una condena a 15 años de prisión por los aportes irregulares, pero actualmente está asilada en Brasil.
El equipo fiscal incluyó al exministro de Economía Luis Miguel Castilla, para quien solicitó 29 años de prisión por la presunta comisión de los delitos de organización criminal y colusión agravada.
La acusación fue presentada por la fiscal Geovanna Mori ante el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior de Justicia Penal Especializada, y señaló que entre 2011 y 2015 se efectuaron pagos ilícitos en la etapa de ejecución del proyecto del Gasoducto Andino del Sur y en la adjudicación del Gasoducto Sur Peruano.
De acuerdo con las pericias fiscales, en el proceso de contratación pública se habría favorecido a empresas brasileñas, entre las que figura Odebrecht, y nacionales, a cambio de los pagos ilícitos en el proceso.
Humala fue recluido el pasado 15 de abril en el penal de Barbadillo en Lima, conocido como la «cárcel de los presidentes», donde también cumplen su sentencia los ex jefes de Estado Alejandro Toledo y Pedro Castillo.
Humala fue condenado a 15 años de prisión por lavado de activos, al haber recibido aportaciones ilícitas del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez y de Odebrecht para financiar sus campañas electorales de 2006 y 2011, respectivamente.
Su esposa fue encontrada culpable del mismo delito y recibió una condena similar por haber dirigido esas campañas electorales, pero ingresó a la Embajada de Brasil en Lima para pedir un asilo que se lo concedió el mismo día por «razones humanitarias».
