MADRID-. La fiscalía Anticorrupción ha pedido este miércoles la imputación del banco BBVA, el segundo del país, como persona jurídica por su presunta implicación en un caso de escuchas ilegales a periodistas y personalidades del mundo económico y político.

El ministerio público atribuye a la entidad bancaria presuntos delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y corrupción en los negocios. A principios de julio, nueve responsables actuales y pasados del BBVA ya fueron imputados por los mismos delitos, nacida de la investigación judicial contra un controvertido y poco transparente expolicía que ahora se encuentra en prisión.

La fiscalía sospecha que el BBVA habría contratado los servicios del grupo Cenyt dirigido por el excomisario José Manuely Villarejo, involucrado en varios escándalos que sacudieron a las altas esferas del país, incluyendo  la monarquía. Durante años, Villarejo, grabó secretamente sus conversaciones con dirigentes políticos, jueces y empresarios y por lo que ahora se lo acusa de utilizarlas para chantajearlos.

La fiscalía anticorrupción señala el hecho de que los trabajos encargados habrían significado una reiterada violación de los derechos fundamentales de las personas, con seguimientos personales y acceso tanto a sus comunicaciones como a sus documentaciones bancarias.

Según los medios locales, BBVA lo habría contratado en 2004 para acceder a miles de escuchas telefónicas de periodistas y dirigentes políticos y económicos con el fin de impedir que el grupo de construcciones e infraestructuras Sacyr entrara en su capital.

En enero, la entidad bancaria, que abrió una investigación interna sobre el caso, aseguró que «no se ha encontrado ninguna documentación que refleje el seguimiento e intervención de comunicaciones privadas». Pero el escándalo obligó a Francisco González, quien fue presidente entre 2000 y 2018 a dimitir a principios de 2019 de todos sus cargos, incluidos los honoríficos.