PUERTO PRÍNCIPE.— La Oficina de Derechos Humanos de la ONU advirtió sobre un fuerte deterioro de la seguridad en Haití, donde al menos 5.519 personas murieron y 2.608 resultaron heridas entre el 1 de marzo de 2025 y el 15 de enero de 2026 en hechos vinculados a pandillas, fuerzas de seguridad y grupos de autodefensa.

El informe describe un escenario de violencia creciente, con expansión territorial de grupos armados, impunidad generalizada y graves violaciones a los derechos humanos.

El organismo señala que el conflicto dejó de estar concentrado en Puerto Príncipe y comenzó a extenderse a otras regiones del país, afectando rutas estratégicas, a la población civil y a las propias estructuras institucionales. En ese contexto, la violencia no solo persiste, sino que se diversifica y complejiza.

El desglose de víctimas refleja la multiplicidad de actores involucrados. Según el informe, 3.497 muertes se produjeron en el marco de operaciones de las fuerzas de seguridad contra pandillas, mientras que estas últimas fueron responsables de 1.424 asesinatos. A su vez, los grupos de autodefensa registraron 598 muertes. En términos de heridos, se contabilizaron 1.742 en operativos de seguridad, 790 por acciones de pandillas y 76 vinculados a grupos civiles armados.

La ONU advierte que las pandillas consolidaron su control sobre corredores clave, incluyendo rutas marítimas y terrestres utilizadas para financiamiento ilegal. Estas organizaciones intensificaron actividades delictivas como secuestros, asesinatos, tráfico de menores, robos y extorsión, ampliando su influencia más allá de la capital.

El informe también documenta un uso sistemático de la violencia sexual como herramienta de control. Al menos 1.571 mujeres y niñas fueron víctimas, muchas de ellas sometidas a violaciones grupales. En algunos casos, menores fueron forzadas a mantener relaciones con integrantes de pandillas en contextos de explotación prolongada.

En paralelo, el organismo identificó 247 casos de ejecuciones sumarias —196 de ellas consumadas— atribuidas a fuerzas de seguridad. También alertó sobre la participación de una empresa militar privada en operaciones con drones y helicópteros, algunas potencialmente vinculadas a asesinatos selectivos.

La ONU remarca la falta de investigaciones judiciales y de mecanismos efectivos de rendición de cuentas, lo que alimenta un clima de impunidad estructural.

Si bien el informe reconoce avances institucionales, como la creación de dos unidades judiciales especializadas para juzgar crímenes masivos, advierte que estos esfuerzos son insuficientes frente a la magnitud de la crisis.

El Consejo de Seguridad impulsó además la creación de la Fuerza de Represión de Pandillas (FRP), aunque su efectividad dependerá de la capacidad para desarticular las redes de financiamiento que sostienen a estas organizaciones.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, subrayó que cualquier estrategia de seguridad debe garantizar el respeto pleno de los derechos humanos y abordar las desigualdades socioeconómicas que están en la base del conflicto.