BOGOTÁ.- La Fiscalía de Colombia anunció la apertura de investigaciones contra el ministro de Agricultura, Rodolfo Enrique Zea, cuatro gobernadores y otros funcionarios, por presunta corrupción en el manejo de los recursos destinados a atender la pandemia en ese país sudamericano.
Específicamente las pesquisas se centraran en la asignación de créditos para garantizar la producción agrícola durante la pandemia. La posibilidad de que a la sombra de la pandemia del COVID-19, no le estén dando manejo transparente a millonarios recursos para la producción de alimentos ya fue advertida por la Contraloría General.
En su boletín oficial, el organismo de control sostiene: “Contraloría alerta sobre concentración de créditos subsidiarios para el agro en emergencia por COVID-19”. “Grandes agroindustriales y comercializadores se quedan con la mayor parte de los $226 mil millones colocados hasta la fecha dentro de la línea de crédito (LEC) Colombia Agro Produce”, un programa impulsado desde la presidencia.
La apertura de las investigaciones se dio como resultado de un trabajo conjunto de la Fiscalía con la Procuraduría General, encargada de indagar irregularidades cometidas por funcionarios públicos, y y la Contraloría General, el ente que vigila las finanza del Estado.
“El objetivo de las tres entidades es verificar 31.938 contratos suscritos durante la emergencia sanitaria”, según el boletín, de los cuales han revisado 909, por un valor cercano a los 166 millones de dólares.
Asimismo, la Procuraduría General de Colombia anunció que realiza investigaciones a 14 gobernaciones, 55 alcaldías y 24 entiedades territoriales por casos de corrupción en dineros destinados por el Gobierno en medio de la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus.
Desde que se declaró el estado de emergencia el 17 de marzo, tras la detección del primer contagio once días antes, el gobierno destinó una batería económica para proveer de más recursos al Estado en medio de la pandemia.
De esta manera, Colombia podría estar frente a otra versión del caso llamado Agro Ingreso Seguro, una línea de crédito para entregar préstamos con bajas tasas destinados al desarrollo del agro y a los agricultores colombianos que terminó en uno de los casos de corrupción más escalándoos de ese país.
