BUENOS AIRES.- Un grupo de miles de damnificados pertenecientes a la obra social SUTERH, que nuclea a los encargados de edificios con sede en la ciudad de Buenos Aires, analiza presentar una denuncia tanto ante la justicia criminal como ante la Unidad de Información Financiera (UIF) por una operación sospechosa.

Según sostienen, la obra social habría adquirido por 23 millones de dólares la cuestionada Clínica Virreyes, institución que al momento de la transacción atravesaba serios problemas financieros como consecuencia del procesamiento en la justicia federal del empresario Roberto Jaime Erusalimsky, acusado de lavado de activos en la causa conocida como Ruta del Dinero K. Ese expediente involucró a políticos, financistas y empresarios, entre ellos Lázaro Báez, señalado como presunto testaferro de la familia Kirchner.

La compra de la Clínica Virreyes habría tenido como objetivo dotar a SUTERH de instalaciones propias para beneficio de sus afiliados. Sin embargo, los adherentes sostienen que casi no se ofrecen prestaciones al personal agremiado y que, en cambio, la institución presta servicios a otras obras sociales y al PAMI —la obra social de jubilados y pensionados de la Argentina—, actualmente bajo auditoría tras denuncias de corrupción masiva.

Estas irregularidades salieron a la luz luego de difundirse audios que comprometieron al entonces titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, recientemente removido de su cargo por decisión del Poder Ejecutivo.

El responsable de la compra, Víctor Santamaría, no respondió a las consultas de este medio, del mismo modo que Erusalimsky, a quien los trabajadores acusan de no haber pagado los sueldos atrasados pese a haber recibido una millonaria suma por la venta.

Tras desprenderse de la Clínica Virreyes, Erusalimsky tomó el control del Sanatorio San José, del que se retiró, quedándose con una valiosa propiedad de la institución ubicada en la calle Julián Álvarez, en Palermo, tasada en unos dos millones de dólares. Actualmente, estaría al frente de la administración del Sanatorio La Torre, en Vicente López, que podría ser auditado próximamente por sus vínculos con distintas obras sociales, incluido el PAMI.

Paralelamente, organismos internacionales de control de lavado de activos y financiamiento del terrorismo investigan cuentas y empresas vinculadas en paraísos fiscales.

Los empleados despedidos, sin cobrar haberes ni indemnizaciones, ya iniciaron acciones en la justicia laboral. Además, se preparan denuncias por defraudación, estafa y presunto lavado de activos, según indicó el abogado que representa a los damnificados.

Santamaría, histórico gremialista con estrechos vínculos con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, vuelve a quedar bajo la lupa en este entramado. Por su parte, Erusalimsky obtuvo un polémico sobreseimiento en la causa de lavado, luego de que la UIF —de manera llamativa— no apelara el fallo de la Cámara de Apelaciones, a pesar de que la apelación es un recurso obligatorio para ese organismo. Este hecho, que genera fuertes sospechas, se encuentra hoy bajo investigación.