TEL AVIV.—En Jerusalén, miles de haredis (también conocidos como ‘los temerosos de Dios’) se congregaron frente a la oficina de reclutamiento del Ejército de Israel en protesta contra la obligación de que los estudiantes religiosos judíos se alisten, al igual que el resto de los ciudadanos israelíes.
La convocatoria fue respaldada por más de veinte yeshivas (escuelas talmúdicas), incluida la Facción de Jerusalén, considerada la más radical, que el pasado 1 de abril bloqueó la autopista 4 en Bnei Brak, en las afueras de Tel Aviv, antes de ser desalojados por la policía antidisturbios.
Los ultraortodoxos portaban carteles que proclamaban «No toques a las Yeshivas». La protesta, que se llevó a cabo en las proximidades del barrio de Romema en el noroeste de la ciudad, contó con una fuerte presencia policial.
La semana pasada, el 1 de abril, venció la orden ejecutiva que impedía al Ministerio de Defensa imponer el reclutamiento de los estudiantes ultraortodoxos, lo que llevó al Tribunal Supremo a emitir una orden para suspender las subvenciones públicas. Ya en marzo de 2017, un fallo judicial determinó que esta práctica era «discriminatoria e ilegal».
La fiscal general del Estado de Israel, Gali Baharav-Miara, considera que no hay base legal para eximir a los ultraortodoxos del servicio militar obligatorio. Esto llevó al Gobierno del primer ministro, Benjamín Netanyahu, a solicitar ser representado de manera independiente en las futuras solicitudes.
El próximo 2 de junio se llevará a cabo una nueva audiencia en el Tribunal Supremo, ante un panel de nueve jueces, después de que el gobierno no lograra llegar a un acuerdo y la Fiscalía rechazara una prórroga de 30 días solicitada por Netanyahu.
La actual coalición de gobierno depende del apoyo crucial de los partidos ultraortodoxos, Shas y Judaísmo Unido de la Torá, que se oponen al reclutamiento de sus jóvenes y podrían hacer caer al gobierno si se ven obligados a cumplirlo, mientras que miembros del Likud (el partido de Netanyahu) y del partido de extrema derecha Sionista Religioso presionan para poner fin a la exención.
