BARCELONA.- El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) determinó que el ex presidente catalán, Artur Mas, estará inhabilitado febrero del año próximo a raíz de su responsabilidad en el referéndum acerca de la autodeterminación que se llevó a cabo en Cataluña el 9 de noviembre de 2014.

A partir de ahora Mas tendrá prohibido ejercer cargos públicos tanto en el ámbito local como autonómico estatal e incluso ejercer funciones de gobierno en estas áreas. En la misma línea deberá pagar 36.000 euros de multa.

El TSJC lo condenó por desobediencia al considerar que «pervirtió» los principios de la  democráticos básicos para la convivencia pacífica realizar la consulta del 9N a pesar del veto que lanzó el Tribunal Constitucional (TC).

A la vez, el mismo tribunal condenó la ex vicepresidenta, Joana Ortega, quien quedará inhabilitada hasta el 23 de octubre de 2019 y a la ex consellera de Enseñanza, Irene Rigau, quien no podrá ejercer hasta el 23 de julio de este año. Las ex funcionarias deberán pagar 30.000 y 24.000 euros de multa respectivamente.

En paralelo, el Tribunal de Cuentas determinó que junto a Mas deberán pagar un total de 5 millones de euros a modo de devolución por los gatos de estado que acarreó la realización de la consulta popular.

El proceso participativo sobre el futuro político de Cataluña fue impulsado por Mas en noviembre del 2014. El objetivo de la misma era conocer la opinión del pueblo respecto a la independencia del territorio y funcionó como antecedente al 1O y la declaración ilegal de la independencia del 2017.

Las preguntas a responder fueron dos: ¿Quiere que Cataluña sea un Estado? En caso afirmativo, ¿quiere que este Estado sea independiente?, y la chance para votar se extendió hasta el 25 de ese mismo mes. En todo momento el proceso fue ilegal.