CIUDAD DE MÉXICO.— La reforma judicial promovida por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aprobada este miércoles, convierte al país en pionero al permitir la elección de todos sus jueces mediante voto popular.

Esta iniciativa se enmarca en un contexto de tensión entre el presidente y la Suprema Corte, que ha bloqueado leyes clave del gobierno, incluyendo aquellas que aumentan la participación estatal en el sector energético y que otorgan a los militares un papel predominante en la seguridad pública.

La reforma fue posible gracias a la mayoría legislativa lograda por el oficialismo en las elecciones del 2 de junio, donde Claudia Sheinbaum, de la izquierda, fue elegida presidenta.

El aspecto más discutido de esta reforma es la elección directa de jueces y magistrados, incluyendo a los miembros de la Suprema Corte, a través de elecciones extraordinarias en 2025 y 2027. Los candidatos serán propuestos por el Ejecutivo, Legislativo y Judicial de forma paritaria. Hasta ahora, los jueces de la Suprema Corte eran nombrados por el presidente y ratificados por el Senado, mientras que el Consejo de la Judicatura Federal designaba a los jueces tras exámenes de mérito.

López Obrador argumenta que esta medida es necesaria para combatir la corrupción en el sistema judicial, pero sus críticos, tanto internos como internacionales, señalan que podría poner en riesgo la independencia judicial y exponer a los jueces a presiones del crimen organizado, que ya influye en la política.

La reforma, que plantea la elección de unos 1.600 jueces y magistrados federales, es única a nivel mundial. Algunos expertos, como Margaret Satterthwaite, relatora de la ONU, han señalado que este tipo de elecciones populares solo tiene un precedente parcial en Bolivia, aunque allí no se aplica a los jueces ordinarios.

Además, la reforma reduce el número de ministros en la Suprema Corte de 11 a 9, y disminuye su mandato de 15 a 12 años. También elimina la pensión vitalicia de los ministros y refuerza la regla de que sus salarios no deben superar el del presidente.

Otra modificación es la eliminación del Consejo de la Judicatura Federal, que será reemplazado por un órgano administrativo y un Tribunal de Disciplina Judicial, el cual evaluará a los jueces y podrá investigar su desempeño, derivando casos a la Fiscalía cuando sea necesario.

La incorporación de jueces sin rostro o anónimos, destinados a proteger a los magistrados en procesos vinculados al crimen organizado, es otra de las medidas controvertidas. Esta figura, utilizada previamente en países como Colombia y El Salvador, ha sido criticada por organismos de derechos humanos por limitar la transparencia en la evaluación de los jueces.

La reforma ha sido objeto de preocupación, ya que en un país con altos niveles de violencia y una tasa de impunidad del 90%, según la Suprema Corte, algunos consideran que lo necesario es fortalecer las capacidades de investigación, en lugar de hacer cambios drásticos en la estructura judicial.