Cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia de la República Argentina, trasladó a Buenos Aires todo el esquema de corrupción que durante años había ejecutado en su natal provincia de Santa Cruz, de la que era gobernador.
Para este propósito hizo designar en puestos claves del gobierno nacional a todos los miembros de su equipo de funcionarios provinciales, entre ellos, dos individuos que concentrarían un poder inigualable y que perdurarían en el tiempo, el primero de ellos era Carlos Zannini, quien en la década de los setenta lideraba en la provincia de Córdoba la agrupación Vanguardia Comunista, de tendencia maoísta, en la década del 80 se traslada a la provincia de Santa Cruz para sumarse a las filas del entonces incipiente Néstor Kirchner. Zannini estuvo a cargo durante la presidencia de Cristina Kirchner del estratégico cargo de secretario legal y técnico, siempre sindicado como el cerebro y el estratega detrás del poder, actualmente imputado en la causa por el asesinato del fiscal Alberto Nisman, encargado de investigar el atentado terrorista perpetrado por Irán a la sede de la AMIA en Buenos Aires. Nisman fue encontrado con un disparo en la cabeza dos días antes de presentarse ante una comisión del congreso en donde planeaba acusar a la entonces presidenta CFK de encubrimiento. Se hizo el intento de hacer creer que se habría tratado de un suicidio pero pericias posteriores demuestran que Nisman fue asesinado.
El segundo personaje y quizás el de mayor visibilidad era Julio de Vido, que al llegar a Buenos Aires fue elegido como Ministro de Planificación Federal, la cartera con el manejo de todos los fondos estatales destinados a la obra pública, De Vido se encuentra al día de hoy en prisión acusado de múltiples cargos de corrupción relacionados a contratos con el estado, se calcula su fortuna personal en más de mil millones de dólares, y fue el encargado de garantizar miles de millones contratos a favor de Austral Construcciones, la empresa de Lázaro Báez, también en prisión, y quien se supone no es más que el testaferro de la familia Kirchner.
El día de ayer se produjeron múltiples detenciones y allanamientos ordenados por el Juez federal Claudio Bonadío, el principal detenido en estos días es quien fuera la mano derecha de Julio de Vido, un individuo que supo trabajar como repartidor de diarios en la Ciudad de Buenos Aires y chofer de taxi, , su nombre es Roberto Baratta, quien ahora enfrenta graves acusaciones que podrían dejarlo en prisión por un largo tiempo. Junto a la múltiples detenciones de funcionarios kirchneristas se suman ahora la de empresarios acusados de pagar sobornos al gobierno K, entre ellos se encuentra Gerardo Ferreyra, vicepresidente de la empresa Electro Ingeniería, un ex guerrillero devenido en empresario de la obra pública de la mano de su amigo Carlos Zannini., y Angelo Calcattera, primo del presidente Macri y propietario de la empresa constructora IECSA.
Ferreyra supo utilizar sus vínculos con el poder para mantener bajo protección varios negocios, entre ellos uno dirigido por su esposa, Myriam “ Mimi” Cohen socia fundadora junto Martin Deleeuw de la exclusiva joyería Simonetta Orsini en unos de los barrios más exclusivos de Buenos Aires.
La investigación sobre los movimientos financieros de Ferreyra y su esposa has vuelto a poner la mira sobre Deleeuw, quien fue deportado de los EEUU tiempo después de haber cumplido una condena por crímenes federales, y que fuera liberado el mes de Octubre de 1995 al obtener una reducción de su sentencia por su colaboración con los agentes federales en Chicago.
Por el local de Cohen y Deleeuw han pasado cientos de personajes del poder y la farándula, personajes acusados de narcotráfico y varios oficiales del gobierno venezolano, detonando de esta manera una investigación de la lista de compradores que se beneficiaron de la maniobra.
La joyería se especializa en relojes de alta gama, y se sabe que ha comercializado piezas de hasta un millón y medio de dólares. Pero el frenesí de consumidores no se producía por arte de magia, durante la década K existía el denominado cepo al dólar, una medida gubernamental que limitaba el libre acceso a moneda extranjera y daba origen al llamado mercado negro del dólar, la brecha entre la cotización oficial y la del mercado negro rondaba en el 60% , la joyería realizaba la mayor parte de sus ventas con tarjetas de crédito, pero utilizando un dospositivo posnet de cobro vinculado a una cuenta en los Estados Unidos, esto permitía comprar relojes exclusivos abonando la divisa norteamericana a valor oficial, de esta manera se podían adquirir las joyas a un valor mucho menor que en otras capitales del mundo. También se busca determinar el origen de los relojes comercializados, en el distrito del sur de La Florida una persona estaría colaborando para confeccionar un caso contra Cohen y su socio.
Desde la asunción de Mauricio Macri algunos organismos comenzaron a investigar la denominada Ruta del Dinero K, un caso que originado tras la aparición en el programa Periodismo para Todos que conduce el periodista Jorge Lanata del valijero Leonardo Fariña y a quien Lanata le hizo una entrevista con cámara oculta, pero la mayor información la hizo pública de forma voluntaria el financista Federico Elaskar, un joven egresado de Harvard, especialista en mercados internacionales, propietario de la sociedad de bolsa SGI. A diferencia de Fariña, Elaskar provenía de una familia acaudalada y y realizaba operaciones financieras en mercados de capitales de manera legitima, hasta que el contador de Lázaro Báez, Daniel Perez Gadin, actualmente encarcelado, mediante amenazas personales y a su entorno familiar, obligaron a Elaskar a vender la entidad financiera, al momento de las explosivas declaraciones de Elaskar en televisión, y cuando todavía gobernaba Cristina Kirchner, los servicios de inteligencia kirchneristas se apresuraron a iniciar causas penales contra Elaskar y Fariña, contra el primero no consiguieron fabricar las pruebas necesarias para encerrarlo pero consiguieron silenciarlo, al tiempo que el juez Sebastián Casanello, a cargo de la investigación surgida luego de los programas de PPT, maniobraba haciendo todo lo posible para evitar tener que indagar a Cristina Kirchner. Para dilatar el recorrido Casanello dirigió sus investigaciones sobre los testaferros y contadores del matrimonio Kirchner y luego contra varias entidades financieras y sociedades de bolsa y sus titulares, procesándolos por lavado de activos y generando miles de fojas de expedientes cuando en realidad lo que demuestran las pesquisas son delitos de infracciones cambiarias, ocurre que si esa hubiera sido la caratula judicial la causa se hubiese trasladado a la jurisdicción de la justicia penal económica, quitándole de esta manera margen a Casanello para ganar tiempo. Una fuente muy cercana al magistrado asegura que el mismo hizo un viaje al vaticano en el mes de diciembre, en donde le fue solicitado que hiciera todo lo posible por ayudar a Cristina Kirchner. Por otro lado, Fariña fue enviado a prisión en un proceso judicial lleno de irregularidades, al día de hoy Fariña es el principal “arrepentido” y ha estado colaborando con la justicia para desbaratar el entramado de corrupción más grande de la historia argentina. Mientras tanto Federico Elaskar espera por el inicio del juicio oral, al tiempo que ha recibido ofrecimientos de algunos organismos extranjeros quienes buscan incorporarlo dado sus conocimientos sobre operaciones de lavado de activos.
Roberto Baratta, desde su cargo de secretario de coordinación y gestión, bajo las órdenes de Julio de Vido, era en la practica el estructurador de todo los negocios relacionados al sector energético, una caja millonaria que se manejaba a discreción casi sin control, Baratta y el secretario privado del ministro, Jose Maria Olasagasti, eran los encargados de monitorear los negocios de hidrocarburos al tiempo que eran los intermediarios en cada operación que se ejecutaba con la ayuda de altos oficiales del gobierno venezolano, en eso tiempos un país aliado al kircherismo argentino.
Una de las causas que tiene al ex ministro Julio de Vido en prisión al día de hoy está relacionada con el pago de sobreprecios en la compra de gas licuado.
En exclusiva para GMB, ahora se sabe que se encuentra bajo la lupa de las autoridades norteamericanas una investigación que podría derivar en pedidos de extradición para responder ante la justicia en principio de dos individuos, Roberto Baratta y el ex gerente de finanzas de la estatal ENARSA Raúl Argañaraz.
Corría el año 2010 y la fiesta de los millones giraba al compas de la creencia de que Cristina Kirchner seria reelecta de por vida, es entonces que desde el ministerio de panificación, deciden por primera vez quedarse no con un sobreprecio sino con el importe total de una transacción de petróleo, en ese momento entra en juego una alianza entre PDVSA , Petrobras de Brasil, Enarsa y una oscura firma que intermediaba y facilitaba la ingeniería financiera de la operación, Mercuria Energy Trading SA y que sería dirigida por Jose Guido Oliver.
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Durante el 2010 ENARSA ordena la compra de varios buques de fueloil con destino al Puerto de Buenos Aires, y aquí comienza el recorrido del que es quizás el fraude más escandaloso de todos, en documentos exclusivos a los accedió Ultimo Cable, se puede determinar que ENARSA a través de de la empresa Mercuria ordena la compra del fueloil, cuando en realidad el organismo estatal estando bajo la órbita del ministro podría haber contactado directamente a PDVSA, pero para buscar el mecanismo y hacer desaparecer los fondos, se necesitaba la intermediación de alguna empresa dispuesta a prestar su estructura, MERCURIA se convirtió en el socio ideal. En las oficinas que poseía la trader en Buenos Aires, donde solo había un escritorio y una línea de teléfono, se confeccionaban las facturas falsas que luego originarían las transferencias millonarias por el pago de combustibles que jamás serian entregados. A cargo de esa tarea se presume que se encontraba Natalia Bernich, una ex gerente de la petrolera estatal argentina YPF.
Para poder concretar la maniobra hacía falta la firma autorizando el pago del entonces Gerente Financiero de Enarsa Raúl Argañaraz, este ultimo todavía fuera de la mira de la justicia argentina pero un objetivo claro en otras investigaciones en jurisdicciones extranjeras. La maniobra era bastante simple, Las compras originales de fueloil realizadas en 2010 por fueron financiadas por PDVSA, la petrolera estatal de Venezuela, bajo el paraguas del acuerdo binacional rubricado entre Néstor Kirchner y Hugo Chávez. Argentina recibía cargamentos de fueloil de manera regular, es entonces que Enarsa con la ayuda de Mercuria, duplican la documentación de esos embarques y los vuelven a pagar, se pagaba dos veces por la misma carga, la primera legítima y la segunda, perpetrada por este grupo, fraudulenta. Pero cometen un error, los pagos se ejecutaron desde la cuenta que Enarsa poseía en los Estados Unidos hacia cuentas provistas por Mercuria en Holanda, este esquema financiero es el que otorga facultades al Departamento de Justicia a intervenir, ocurre que el delito se concreta al momento de proceder al pago del combustible, y esas transferencias fueron hechas desde un banco en New York, utilizando un banco corresponsal con sede en la misma ciudad. Las pesquisa sobre el armado de las filiales financieras de Mercuria Energy Trading y sus sucursales también pone bajo la lupa a un reconocido estudio jurídico de la Argentina, que mantiene buenos vínculos con el actual gobierno, se presume que esta sería la causa por la cual los organismos oficiales no se hicieron eco de estas irregularidades. Argañarazes quien dejo su firma en los documentos fabricados y la empresa marítima Meridian es la que habría aportado los certificados de embarque conocidos como BL, Meridian es propiedad de Jorge Samarin, conocida por mantener el monopolio del remolque de los barcos que llegaban con gas natural licuado a la Argentina, Samarin se encuentra imputado en la misma causa que mantiene encarcelado a Julio de Vido.
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Un empresario del sector energético que durante el gobierno de Cristina Kirchner fue perseguido judicialmente cuando se negó a participar de las maniobras, ya estaría en comunicación con las autoridades norteamericanas a fin de aportar documentación y testimonio personal en caso de ser necesario ante la fiscala de New York.
Mientras tanto, en los pasillos de la justicia federal argentina, continúa el desfile de políticos y empresarios, muchos de ellos vinculados a la actual administración, en lo que comienza a visualizarse como el caso de corrupción más importante de la historia argentina.
