BRASILIA.— El presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva afirmó en las últimas horas que, en caso de que el Congreso la apruebe y se la envíe para sanción, vetará una posible amnistía para el líder ultraderechista Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión por golpismo.

«Si me la envían para vetar, puede estar seguro de que la vetaré», afirmó el líder progresista al ser interrogado sobre un proyecto de amnistía en discusión en el Congreso y que puede favorecer al expresidente, su principal rival político.

El mandatario hizo su advertencia en medio de las negociaciones de los partidos de oposición para que el respectivo proyecto de ley sea votado en régimen de urgencia por la Cámara de Diputados.

Las diferentes fuerzas políticas, sin embargo, aún debaten si votan una amnistía limitada, que tan solo favorezca a losmiles de bolsonaristas que participaron en los asaltos a las sedes de los tres poderes el 8 de enero de 2023, o una amplia y general que también beneficie a los condenados por golpismo, como Bolsonaro.

El líder ultraderechista, actualmente en prisión domiciliar, fue condenado el pasado jueves a 27 años y tres meses de prisión por la Corte Suprema como el líder de un complot que intentó impedir la investidura de Lula, que lo derrotó en las presidenciales de 2022.

El presidente afirmó que la votación de la amnistía «es un problema del Congreso» y que «el presidente de la República no interfiere en cosas del Legislativo», pero insistió en que, de ser aprobada y enviada para sanción, la vetará.

Según Lula, los crímenes por los que Bolsonaro fue condenado no tienen carácter político, por lo que no justificarían una amnistía.

«Él fue condenado por un crimen que cometió. No hay nada de política en eso», afirmó el mandatario, quien se refirió a las «pruebas concretas», las confesiones y los diferentes documentos con que el Supremo justificó la condena del expresidente.

El gobernante también criticó un proyecto de ley ya aprobado por la Cámara de Diputados y aún en discusión en el Senado que impide que la Corte Suprema investigue u ordene medidas restrictivas contra los parlamentarios, como posibles órdenes de prisión, sin la autorización previa del Parlamento.

La iniciativa es blanco de numerosas críticas debido a que blinda a los parlamentarios y puede favorecer a legisladores actualmente investigados, como el diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del exmandatario y al que se acusa de incentivar al Gobierno de Estados Unidos a imponer sanciones contra Brasil.