CARACAS.—El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, declaró su compromiso de ofrecer «garantías totales para todos» en las próximas elecciones presidenciales de 2024 y otros comicios que se llevarán a cabo en el país en los próximos años.
Durante su programa «Con Maduro +», transmitido por el canal estatal VTV, destacó la importancia de que cada ciudadano pueda votar por el candidato de su elección.
Maduro señaló que el próximo año se celebrarán elecciones presidenciales, seguidas de elecciones de la Asamblea Nacional en 2025, elecciones municipales y de gobernadores. Afirmó que se brindarán garantías totales a todos los ciudadanos para que puedan participar en estos procesos electorales.
Sin embargo, el mandatario resaltó la necesidad de la «unión nacional» en este momento para defender los «derechos históricos» de Venezuela sobre el territorio en disputa del Esequibo, que abarca casi 160,000 kilómetros cuadrados y está en conflicto con Guyana. Venezuela llevará a cabo un referendo no vinculante el 3 de diciembre sobre este tema, cuya campaña comenzó el 7 de noviembre de 2024 con «grandes movilizaciones» en todos los municipios del país.
Maduro hizo hincapié en la importancia de no permitir divisiones en el esfuerzo nacional por recuperar esta tierra que, según él, fue legada por los libertadores del país. Instó a dejar de lado las afiliaciones políticas y los candidatos a cargos gubernamentales y presidenciales para centrarse en esta causa común.
Las elecciones presidenciales en Venezuela están programadas para el segundo semestre de 2024, de acuerdo con un acuerdo alcanzado en el diálogo entre el oficialismo y la oposición en Barbados en octubre del año anterior. El acuerdo aborda temas como la promoción de derechos políticos y garantías electorales, y contempla la observación internacional.
El acuerdo también busca permitir que todos los candidatos presidenciales y partidos políticos participen en las elecciones siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la ley venezolana. Sin embargo, persisten desacuerdos en torno a las inhabilitaciones políticas, lo que plantea desafíos en la participación de ciertos actores políticos en las elecciones presidenciales.
