SAN SALVADOR.— La organización Socorro Jurídico Humanitario informó el miércoles que durante los dos años de vigencia del régimen de excepción en El Salvador, 241 personas fallecieron en las cárceles después de ser detenidas bajo sospecha de ser pandilleros o colaborar con estos grupos criminales.

La directora de la organización, Ingrid Escobar, declaró que desde 2022 han recibido 500 denuncias de fallecimientos bajo custodia estatal, confirmando 241 casos: 239 adultos y dos niños hijos de personas privadas de libertad.

Según el informe de la ONG, el 44% de las muertes ocurrieron por causas violentas o torturas graves, mientras que el 29% fue debido a la falta de atención médica, considerada otra forma de tortura.

El gobierno del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, logró la aprobación de un régimen de excepción por parte del Congreso hace dos años como parte de su política de mano dura contra las pandillas. Esta medida suspendió derechos fundamentales, como el acceso a un abogado o el derecho a conocer los motivos de la detención, y extendió el plazo de detención administrativa a 15 días, sin pasar por disposición judicial.

La situación de los detenidos en las cárceles de El Salvador ha sido constantemente criticada por organizaciones de derechos humanos debido a la violación de los mismos. Socorro Jurídico Humanitario instó al Estado salvadoreño a investigar todos los homicidios y desapariciones forzadas de detenidos de acuerdo con la ley.

Otras organizaciones, como Cristosal y Amnistía Internacional, también han documentado violaciones a los derechos humanos durante el régimen de excepción, incluyendo desapariciones forzadas, torturas, muertes arbitrarias y tratos crueles e inhumanos.

A pesar de estas denuncias, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, afirmó que desde la entrada en vigor del estado de excepción, se han detenido a 79.184 personas, consideradas «presuntos terroristas». No obstante, más de 7.000 personas han sido liberadas por falta de pruebas en los últimos dos años, y alrededor del 90% de los reclusos están en prisión sin sentencia.

Socorro Jurídico Humanitario estimó que el 35% de los detenidos son inocentes y que el 94% de los fallecidos no tenían afiliación con pandillas. El informe también señala que la mayoría de los fallecidos eran personas trabajadoras, como comerciantes informales, taxistas, agricultores y empleados municipales, entre otros.