BOGOTÁ.- Colombia sigue siendo el país de Latinoamérica donde más defensores de los derechos humanos son asesinados y presenta “un alto índice de impunidad”, asegura el relator especial de la ONU Michel Forst.
A través de su cuenta de Twitter, el funcionario de Naciones Unidas hizo referencia a una de las conclusiones correspondientes al informe presentando ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU con relación a la actual situación que viven los activistas en ese país sudamericano.
“En mi informe he identificado tres tendencias principales: Un alto número de asesinatos de defensores. Desde 2016 hasta junio de 2019, Colombia fue el país con el mayor numero de asesinato de defensores en América Latina”, destacó.
Today, I am presenting my new report on the situation of human rights defenders in conflict and post-conflict settings. Do you know who these people are and why they play such an important role in difficult contexts? #HRC43 #HRDs https://t.co/nwf0KrGvyK
— Michel Forst SR HRD (@ForstMichel) March 4, 2020
Según el documento, “las personas defensoras son asesinadas y violentadas por implementar la paz; oponerse a los intereses del crimen organizado, las economías ilegales, la corrupción y la tenencia ilícita de la tierra; y por proteger sus comunidades”.
El lapidario documento sostiene que las defensoras de derechos humanos son propensas a ser “objeto de violaciones especificas de género y sus familias son también blanco de ataques”.
Las crudas conclusiones del informe presentadas al Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza, han aumentado aún más la elevada tensión entre el Gobierno de Iván Duque y Naciones Unidas.
El informe reza que los líderes sociales carecen de un reconocimiento público positivo, y a pesar de las declaraciones de Duque en las que valora su papel, “otros actores estatales y no estatales los deslegitiman y criminalizan. El documento denuncia que dirigentes políticos y funcionarios públicos, entre otros, estigmatizan a los activistas al tratarlos como “guerrilleros”, “terroristas”, “antidesarrollo” o “informantes”.
Para no ir más lejos, un claro ejemplo son la declaraciones que la ministra de Interior colombiana hizo este miércoles al afirmar que el porcentaje de asesinatos de líderes sociales en el país es mínimo, “exactamente es el 1%”.
“Aquí mueren más personas por robo de celulares que por ser defensores de derechos humanos”, aunque parece mentira, esas declaraciones confirman lo denunciado en el informe.
No obstante, el Gobierno rechazó “tajantemente» esta graves e irresponsables afirmaciones hechas por Forst que “no aporta suficiente sustento fáctico para soportorarlas” y “desconoce información proporcionada por el Estado durante su visita”, de manera que sus observaciones “no reflejan fidedignamente la situación actual del país”, aunque las cifras demuestren lo contrario.
En cuanto a los altos niveles de impunidad, Forst mencionó los 302 caos de defensores asesinados que han sido documentados por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU y de los cuales “solo el 11% han sido clarificados, mientras que el 89% restante no se ha establecido la responsabilidad”.
Asimismo, el Comité Internacional De la Cruz Roja (CICR) publicó este miércoles un comunicado para expresar su preocupación por las condiciones de vida de las poblaciones que se encuentra en las zonas de conflicto.
Christoph Harnisch, jefe de la delegación del CICR en Colombia, aseguró que las violaciones al derecho internacional humanitario y la desaparición de persona, continúan en ese país, registrando 93 casos nuevos.
“La situación humanitaria se deterioró para la población civil. Nuestros equipos documentaron el año pasado 987 violaciones al Derecho Internacional Humanitario y otras normas humanitarias”, acotó.
