MANAGUA.— El Gobierno de Daniel Ortega declaró “traidores a la patria” a 94 opositores y críticos, entre ellos los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli, así como conocidos periodistas y defensores de derechos humanos, a quienes les quitó la nacionalidad y ordenó confiscarles sus bienes inmuebles.
La disposición, anunciada por el magistrado Ernesto Rodríguez Mejía, del Tribunal de Apelaciones de Managua, afecta también a la abogada Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), al periodista Carlos Fernando Chamorro, a la exguerrillera Mónica Baltodano y su familia, y al excomandante sandinista Luis Carrión, entre muchos otros.
A los 94 afectados «se les declara prófugos de la justicia” y, además de perder su nacionalidad, no podrán ejercer cargos públicos ni de elección popular «de forma perpetua”, indicó la resolución leída por el funcionario judicial.
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Lista de las 94 personas que son condenadas por traición a la patria y que pierden su nacionalidad.➡️https://t.co/1b1dluCO3r pic.twitter.com/RmfZqXdwJZ
— Canal 2 (@Canal2Nicaragua) February 15, 2023
Tanto Belli como Ramírez, Premio Cervantes de Literatura 2017, y la mayoría de los mencionados en la lista son personas opositoras al gobierno de Daniel Ortega que se encuentran en el exilio. Sin embargo, hay varios de los citados que están en Nicaragua.
Entre los 94 señalados, figuran además el obispo católico Silvio Báez y el sacerdote Edwin Román, ambos exiliados en Miami, la líder campesina Francisca Ramírez, el disidente exembajador ante la OEA, Arturo McFields, el excanciller Norman Caldera y el exvicepresidente de la Corte Suprema de Justicia Rafael Solís, que abandonó Nicaragua tras las protestas sociales de 2018.
El texto leído por Rodríguez Mejía se refiere a la confiscación de propiedades como «inmovilización y decomiso a favor del Estado de Nicaragua de todos los bienes inmuebles y sociedades” vinculadas a los acusados.
La sorpresiva disposición de Ortega ocurre apenas seis días después de la excarcelación y destierro de 222 opositores presos, que fueron enviados a Estados Unidos en un avión facilitado por el gobierno de Joe Biden. A todos los expulsados se les quitará la nacionalidad nicaragüense, según se ha informado.
También se produce tras una condena a 26 años de cárcel impuesta contra el obispo de Matagalpa (norte), monseñor Rolando Álvarez, el religioso más crítico al régimen de Ortega, quien se negó a ser desterrado junto a los presos políticos.
Los delitos imputados contra los acusados son «conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” y «propagación de noticias falsas”, indicó Rodríguez Mejía. Esos delitos se han aplicado a decenas de opositores encarcelados en los últimos años.
