LIMA.— La Junta Nacional de Justicia de Perú ha decidido suspender temporalmente a la fiscal general, Patricia Benavides, por un lapso de seis meses, en el marco de una investigación por presunto tráfico de influencias y favores políticos.

Mediante un comunicado oficial, la Junta Nacional de Justicia, encargada de designar, confirmar y remover a jueces y fiscales, anunció la suspensión provisional de Patricia Benavides como fiscal suprema del Ministerio Público.

La medida tiene como objetivo permitir que el procedimiento disciplinario en su contra, vinculado a presuntas actividades al frente de una red criminal, siga su curso sin obstrucciones.

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, expresó su posición hace una semana respecto a la continuidad de la fiscal general en su cargo, cuestionando su idoneidad.

El 27 de noviembre, Benavides presentó una denuncia ante el Congreso acusando a Boluarte de presunto homicidio en relación con la represión de las protestas durante su mandato, las cuales dejaron más de 50 muertos desde que asumió el poder hace un año.

La denuncia contra Boluarte surgió después de que Benavides fuera señalada por otra fiscal como líder de una presunta red criminal arraigada en la cúpula de la fiscalía, desde donde aparentemente ejerció influencia con el Congreso y favores políticos.

A pesar de las acusaciones en su contra, la fiscal general ha manifestado su determinación de no renunciar al cargo. Al mismo tiempo, desde el Congreso, algunos sectores defienden a Benavides y argumentan que se trata de un intento por detener investigaciones relevantes.

Hasta ahora, la fiscal era considerada una aliada de la coalición conservadora del Ejecutivo y el Congreso desde el inicio del actual gobierno.

La acusación contra Boluarte, que podría resultar en su destitución, podría llevar algunas semanas para ser admitida. Sin embargo, este caso también podría ser utilizado como una herramienta de presión en el conflicto entre el gobierno y el Congreso.

Boluarte asumió el cargo en diciembre del año pasado después de la destitución de Pedro Castillo, quien intentó disolver el Congreso y gobernar por decreto. Su llegada al poder desencadenó protestas en las que fallecieron 54 personas, incluidos seis soldados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que informó que al menos veinte de las víctimas murieron por disparos de las fuerzas militares.