DURBAN — Comercios cerrados, trabajadores ausentes y transporte público parcialmente paralizado marcaron este martes una jornada de fuertes protestas contra la inmigración en distintas ciudades de Sudáfrica, en medio del temor a que las manifestaciones deriven en nuevos episodios de violencia.

Miles de inmigrantes africanos evitaron salir de sus casas y muchos ya habían abandonado sus barrios antes del plazo fijado por los organizadores de las protestas para que los extranjeros indocumentados abandonaran el país.

En sectores de Johannesburgo, el principal centro financiero del país, y de Durban, el mayor puerto sudafricano, decenas de manifestantes —algunos armados con palos de madera— se concentraron para exigir mayores controles migratorios.

«La gente no tiene trabajo porque los empleos los ocupan extranjeros ilegales. No es justo», afirmó Silindile Xaba, de 31 años, mientras participaba en una protesta en el centro de Durban.

Los inmigrantes interpretaron el ultimátum como una amenaza directa.

Desde que comenzaron las manifestaciones en abril, al menos cinco personas murieron en episodios de violencia, mientras miles fueron desplazadas de sus hogares o sufrieron ataques contra sus comercios y propiedades.

Como ocurrió en anteriores brotes xenófobos registrados en Sudáfrica desde 2008, los ataques no distinguen entre inmigrantes con residencia legal y aquellos que ingresaron de manera irregular.

El movimiento March and March, impulsor de las protestas, rechaza cualquier responsabilidad por los hechos violentos.

Su fundadora, la exconductora de radio Jacinta Ngobese, aseguró que el objetivo de la campaña es presionar al Gobierno y no promover ataques contra extranjeros.

«Intentamos canalizar esa frustración hacia el Gobierno. Lamentablemente no podemos estar en cada comunidad diciéndole a la gente cómo debe comportarse», declaró semanas atrás.

Desalojos y desplazamientos

Testigos afirmaron que propietarios de viviendas en Durban y Johannesburgo comenzaron a desalojar ilegalmente a inquilinos extranjeros por temor a que sus edificios fueran vandalizados.

Mabako Majole, representante de la comunidad congoleña, denunció que alrededor de un centenar de personas pasaron la noche a la intemperie en el centro de Durban.

«Todos ellos fueron expulsados por sus propietarios. Todos tienen documentación legal», sostuvo.

Amplio operativo de seguridad

Las movilizaciones convocaron principalmente a sudafricanos desempleados o de bajos ingresos, que responsabilizan a los inmigrantes por la falta de empleo, el aumento del delito y la presión sobre los servicios públicos.

Para contener posibles disturbios, el Gobierno desplegó miles de policías en todo el país y dejó a las Fuerzas Armadas en estado de alerta, dentro de un operativo extraordinario valuado en 600 millones de rand (unos u$s 36,6 millones).

Un debate que divide al país

La nueva ola de sentimiento antiinmigrante volvió a poner en cuestión la imagen internacional de Sudáfrica como referente regional en materia de derechos humanos desde el fin del apartheid y también tensó las relaciones con otros países africanos.

Especialistas en ciencias sociales sostienen que no existen pruebas de que los inmigrantes sean responsables del aumento del desempleo o de la criminalidad.

Treinta años después del fin del apartheid, Sudáfrica continúa siendo uno de los países más desiguales del mundo. La economía crece lentamente y cerca de un tercio de la población permanece desempleada, aunque sigue siendo la mayor economía de África y un importante destino para migrantes del continente.

Según la oficina nacional de estadísticas (StatsSA), el país alberga alrededor de 3 millones de inmigrantes, equivalentes al 4% de la población, una proporción relativamente baja en comparación con estándares internacionales.

Detenciones y endurecimiento del discurso político

La vicecomisionada nacional de Policía, Tebello Mosikili, informó que desde marzo se iniciaron 103 causas penales contra grupos de civiles que actuaron por cuenta propia contra inmigrantes.

«El Estado tiene la obligación de garantizar que las manifestaciones se desarrollen de manera pacífica», afirmó.

Mientras tanto, algunos dirigentes políticos endurecieron su discurso sobre la inmigración ilegal, aunque rechazaron los hechos de violencia.

El presidente Cyril Ramaphosa reconoció que existe una preocupación genuina entre muchos ciudadanos respecto de la inmigración irregular.

«Las preocupaciones de los sudafricanos sobre la inmigración ilegal son reales y merecen ser escuchadas. Pero el derecho a protestar no autoriza a nadie a amenazar, intimidar, vandalizar propiedades o ejercer violencia», sostuvo en un comunicado.

Funcionarios sudafricanos señalaron además que tensiones similares sobre inmigración también se observan en numerosos países occidentales, donde el debate suele intensificarse por la polarización política y la difusión de desinformación.