BRUSELAS.- La Comisión Europea (CE) pidió hoy a España que incorpore a su legislación nacional la directiva contra el blanqueo de capitales. De no hacerlo en dos meses, llevará al país ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
«Hasta el momento, España solo ha transpuesto parcialmente la normativa», confirmó la Comisión. Inicialmente los países de la UE tenían hasta el 26 de junio de 2017 para ponerla en vigencia, y el 23 de noviembre pasado se abrió un expediente a España para obligar a que la complete.
¿Qué evita el gobierno español? La cuarta directiva contra el lavado de dinero, aprobada en 2015, agrandó las normas vigentes e hizo más eficaz la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo ya que introdujo requisitos de transparencia sobre los titulares reales de las empresas para poner la información a disposición de las autoridades de los Veintiocho; también exigió mayores obligaciones para los bancos o intermediarios a la hora de evaluar los riesgos de ciertas actividades y reforzó las facultades sancionadoras de las autoridades competentes.
España no es la única nación con problemas, 20 Estados miembros poseen en la actualidad procedimientos de infracción.
Por otro lado, el pasado 9 de julio se aprobó la quinta enmienda y los Estados miembros tienen hasta el 10 de enero de 2020 para adoptarla.
