CARACAS.— Venezuela contrató un asesor financiero para lanzar una de las mayores reestructuraciones de deuda soberana de la historia reciente, con el objetivo de renegociar alrededor de u$s 170.000 millones en bonos y préstamos en default.

El gobierno informó en un comunicado publicado el miércoles que comenzará el proceso de reestructuración tanto de la deuda soberana como de la correspondiente a la petrolera estatal Petroleos de Venezuela SA, y designó a Centerview Partners como asesor financiero.

Tras el anuncio, los bonos venezolanos se dispararon. Los títulos soberanos con vencimiento en 2034 alcanzaron su nivel más alto desde 2014, mientras que los bonos de PDVSA subieron dos centavos por dólar.

La decisión abre la puerta a una de las reestructuraciones más complejas desde la crisis griega de hace más de una década. El proceso implica renegociar una maraña de bonos en default, préstamos bilaterales, fallos judiciales internacionales y reclamos de acreedores distribuidos en todo el mundo, además de lidiar con las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos, que siguen vigentes pese al acercamiento reciente entre Caracas y Washington.

“El anuncio oficial es el primer paso dentro de lo que se espera sea un proceso amplio y complejo”, afirmó William Snead, analista de BBVA en Nueva York. “Pero tenía que empezar en algún momento y eso es una buena noticia”.

El gobierno venezolano indicó que el próximo mes presentará un marco macroeconómico y un análisis de sostenibilidad de deuda, lo que sugiere que busca avanzar rápidamente.

Sin embargo, el camino enfrenta obstáculos importantes, principalmente las sanciones estadounidenses vigentes desde hace años.

“El actual sobreendeudamiento limita el financiamiento externo, restringe la capacidad de inversión pública e impide una reintegración plena al sistema financiero internacional”, señaló el comunicado oficial.

Las expectativas de una reestructuración permanecieron congeladas hasta enero, cuando la captura de Nicolas Maduro por parte de Estados Unidos generó un acercamiento diplomático entre ambos países. Desde entonces, los bonos venezolanos protagonizaron un rally explosivo.

Los bonos soberanos con vencimiento en 2027 subieron alrededor de 23 centavos por dólar desde la captura de Maduro y cotizan cerca de 55 centavos, impulsados por la percepción de que el nuevo gobierno liderado por la exvicepresidenta Delcy Rodriguez trabaja coordinadamente con la administración de Donald Trump.

Un comité de acreedores que incluye fondos como GMO, HBK Capital, Mangart Capital, T. Rowe Price y VR Advisory ya manifestó su disposición a iniciar conversaciones para renegociar la deuda y contrató a Houlihan Lokey como asesor financiero.

Aun así, las sanciones estadounidenses todavía prohíben que Venezuela negocie directamente con acreedores.

Una licencia emitida recientemente por Washington permite al gobierno venezolano contratar asesores legales y financieros, pero prohíbe explícitamente cualquier “reestructuración, transferencia o acuerdo” sobre deuda soberana o de PDVSA, así como negociaciones directas con acreedores.

Ramiro Blázquez, estratega de StoneX, sostuvo que el proceso necesita una autorización más amplia del Departamento del Tesoro estadounidense para poder avanzar.

“Hasta ahora solo se aprobó el trabajo preparatorio. Estados Unidos sigue concentrado principalmente en reconstruir la industria petrolera venezolana”, explicó.

La nación petrolera acumula cerca de u$s 100.000 millones en bonos —incluyendo intereses acumulados— en default desde 2017. Si se suman préstamos bilaterales y comerciales, la deuda total asciende a unos u$s 170.000 millones.

Fernando Losada, managing director de Oppenheimer & Co., advirtió que además de las sanciones existen otros factores que vuelven extremadamente complejo el proceso.

Según explicó, la coordinación entre acreedores, los litigios abiertos y los fallos judiciales internacionales convierten la reestructuración venezolana en una negociación “remarkablemente compleja”.