CARACAS.— El Gobierno de Venezuela rechazó este martes el informe de Estados Unidos que lo incluye en la lista de países vinculados al tráfico de drogas, afirmando que carece de pruebas y contradice los datos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD). Caracas asegura que no es productor ni país de tránsito de drogas y acusa a Washington de usar el tema como herramienta política.

El Ejecutivo de Nicolás Maduro difundió un comunicado calificando de “imaginaria e ilegítima” la decisión estadounidense de situar a Venezuela en su informe anual sobre producción y tránsito de drogas ilícitas. Según el comunicado, la acusación se contradice con la información de organismos internacionales que certifican la ausencia de cultivos ilícitos en el país. La controversia suma un nuevo capítulo a la larga lista de desencuentros diplomáticos entre ambos gobiernos.

El canciller Yván Gil subrayó que todas las afirmaciones del Departamento de Estado “carecen de fundamento”. El comunicado recuerda que Venezuela está certificada por la ONUDD como territorio libre de cultivos ilícitos y recalca que en el país “no existen cárteles ni plantaciones” destinadas al procesamiento de drogas. Además, sostiene que incluso los reportes de la DEA de 2024 y 2025 no identifican a Venezuela como productor ni distribuidor de estupefacientes. Caracas denuncia que el informe estadounidense responde más a criterios políticos que a datos objetivos.

Los reportes de la ONUDD indican que el tráfico mundial de cocaína se concentra en Colombia, Perú y Bolivia, mientras que Venezuela aparece solo de manera marginal como posible ruta secundaria de tránsito hacia el Caribe y Europa. La diferencia metodológica es clave: mientras Washington incluye a países por cualquier grado de tránsito o apoyo logístico, los informes internacionales se basan en volúmenes constatados y áreas de cultivo verificadas. La ONUDD no registra superficies significativas de coca, marihuana u opio en Venezuela.

La inclusión de Venezuela en la lista se produce en un contexto de sanciones financieras, restricciones comerciales y prolongado distanciamiento diplomático. Para el Gobierno de Maduro, la acusación busca justificar nuevas medidas de presión internacional. Expertos señalan que la falta de transparencia institucional dificulta la medición precisa del fenómeno en el país, aunque la producción está concentrada en naciones vecinas. En cualquier caso, la frontera colombo-venezolana sigue siendo un punto sensible para las rutas ilegales.

Venezuela insiste en que no es productor ni país de tránsito relevante de drogas, mientras que Estados Unidos lo mantiene en su lista de observación. La disputa refleja un choque de narrativas: para Caracas, se trata de un intento de criminalizar políticamente al país; para Washington, de una obligación en la lucha contra el narcotráfico. La tensión continuará en la agenda bilateral durante los próximos meses.