PARÍS.- Cientos de miles de manifestantes se congregaron en el centro de la capital francesa para expresar su rechazo a la ley de seguridad aprobada por la Asamblea Nacional, al considerar que viola la libertad de expresión.
La protesta también estaba convocada contra la brutalidad policial luego de un caso de racismo el fin de semana pasado, justo en el contexto de la aprobación de la polémica ley que prohíbe que las intervenciones policías sean filmadas, entre otras cosas.
Según cifras del Ministerio del Interior, un total de 130.000 personas se volcaron a las calles en todo el país, pero de acuerdo con un conteo realizado por los organizadores de la llamada “Marcha de las Libertades”, fueron por lo menos 500.000.
Interpellation d’un homme qui bloquait le passage du canon à eau.#StopPPLSecuriteGlobale #marchesdeslibertes #LoiSecuriteGlobale #28novembre #Paris pic.twitter.com/kXKKOdm7Fm
— Yazid Bouziar (@ybouziar) November 28, 2020
La mayoría de las manifestaciones contra ese texto, se desarrollaron en calma, pero en París estallaron violentos choques al caer la noche de este sábado.
The French, who suffer extreme violence from the police, introduce the police to empathy.#FranceProtests #FrenchRevolution #ParisResiste#marchesdeslibertes #MarcheDesLibertes #LoiSecuriteGlobale #28novembre #Paris #manifestation
pic.twitter.com/EFPsOWlfKe— M’Bâba 🇹🇷 (@MustafaBB49) November 29, 2020
Grupos de manifestantes, vestidos de negro, prendieron fuego la entrada del Banco de Francia y a un restaurante adyacente, volcaron e incendiaron varios vehículos, lanzaron piedras a la policía, que respondió con gases lacrimógenos y cañones de agua.
Gérald Darmanin, ministro del Interior, condenó “las violencias inaceptables contra las fuerzas del orden”. El ministro escribió en Twitter que 37 policías resultaron heridos en los enfrentamientos, que se saldaron con al menos 46 detenciones.
El artículo 24 de la polémica ley busca prohibir la difusión “malintencionada” de imágenes que identifique a las fuerzas del orden durante las protestas. Conlleva penas hasta de un año de prisión y una multa de 45.000 euros.
Los manifestantes opinan que el proyecto fomenta la violencia policial y viola la libertad de expresión.
