QUITO.—  La Asamblea Nacional de Ecuador votó el martes a favor de continuar el proceso de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso, quien está siendo acusado por la oposición de malversación de fondos públicos.

La votación fue respaldada por 88 de los 116 legisladores presentes en el recinto, lo que significa que el proceso continuará en una nueva sesión en la que los acusadores tendrán un plazo de cinco días para presentar sus pruebas; seguido de otro plazo similar para la defensa y un plazo igual antes de convocar a una sesión final de votación en la que se determinará el destino del mandatario de 67 años.

Para que el proceso continúe sin contratiempos, se necesitaba el voto de la mitad más uno de los legisladores presentes en el recinto. Si el juicio avanza, la votación para la censura y destitución de Lasso se llevará a cabo entre el 20 y el 22 de mayo, y se necesitarán al menos 92 votos del total de 137 asambleístas para su destitución.

Lasso enfrentó un primer intento de destitución en junio de 2022, cuando el Legislativo no pudo reunir los 92 votos necesarios después de un levantamiento indígena que puso en aprietos al gobierno y mantuvo al país andino en virtual parálisis por casi tres semanas.

En cualquier momento del proceso, Lasso puede disponer por decreto la disolución de la Asamblea y gobernar por decreto con el control de la Corte Constitucional hasta por seis meses, al tiempo de convocar nuevas elecciones presidenciales y legislativas.

En una reunión con corresponsales de medios extranjeros en abril, el mandatario ecuatoriano afirmó que no dudará en hacer efectivo un decreto para disolver la Asamblea en caso de que sea inminente su destitución.

Julio Echeverría, catedrático de la universidad de posgrado Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, citado por The Associated Press que Lasso llegó a este punto porque, según el experto, el mandatario ha practicado una política de confrontación y ahora «tenemos un presidente desesperado por lograr aliados para salvarse de la destitución».

Aunque la acusación contra Lasso no ha sido demostrada y la Comisión de Fiscalización Legislativa emitió un informe que lo liberó de responsabilidades, el documento no fue aprobado porque ese organismo -al igual que la Asamblea- es controlado por la oposición.

El presidente del Legislativo, Virgilio Saquicela, defendió que el pleno decidiera sobre el juicio político alegando que «al no existir informe el pleno de la Asamblea tiene, a través de una resolución, que resolver» con el voto de los legisladores la suerte el juicio político.