LA PAZ.— La defensa de la expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, presentó este lunes en Sucre, la capital constitucional del país y sede del poder judicial, un recurso de apelación incidental contra la sentencia de 10 años de prisión derivada de un juicio en el que cree que hubo “incidencia política”.
En declaraciones a la prensa internacional, el abogado Luis Guillén, uno de los defensores de la exgobernante, explicó que la apelación consiste en un “incidente por injerencia política” en el proceso llamado “golpe de Estado II”, por el que Áñez fue sentenciada a mediados del mes pasado por delitos de resoluciones contra la Constitución e incumplimiento de deberes.
El jurista aseveró que la apelación «denuncia las vulneraciones» que se produjeron en el juicio, como «una errónea aplicación de la ley», la «defectuosa valoración» de las pruebas, «transgresiones al debido proceso» y la decisión de proceder a juicio ordinario en vez de un caso de responsabilidades en el Parlamento.
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La defensa de Jeanine Áñez apela contra la sentencia en caso Golpe de Estado II
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📽️ Roberto Guzmán pic.twitter.com/yLc2grrnty— La Razón Digital (@LaRazon_Bolivia) July 19, 2022
Guillén mencionó que en el texto jurídico «hay ciertos elementos» que ya fueron observados por instancias internacionales como la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia (Oacnudh) y que fundamentalmente denuncia que «ha existido injerencia política» en el juicio.
El caso «golpe de Estado II» tuvo como principales acusadores a la Fiscalía, la Procuraduría General del Estado y el Ministerio de Gobierno (Interior) que consideraron que Áñez asumió indebidamente la Presidencia durante la crisis política de 2019 al vulnerar los reglamentos del Legislativo.
La defensa de Áñez argumentó que accedió a la Presidencia en su condición de segunda vicepresidenta del Senado a causa del «vacío de poder» tras la renuncia del entonces mandatario, Evo Morales, su vicepresidente y las cabezas de las cámaras Alta y Baja.
El Gobierno y el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) también señalaron que el principal cargo del país debía corresponder a un legislador de ese partido y no a una parlamentaria de oposición como Áñez, que aseguraron se «autoproclamó» presidenta.
Al respecto, Guillén aseveró que ese argumento, que también fue señalado por la Fiscalía en el juicio, «no era algo real» debido a que «la ciudadanía se encontraba confrontada» y que el tribunal no valoró aspectos relacionados a ese contexto como tampoco argumentó los motivos por los que se la condenó a 10 años de prisión.
