QUITO.— El abogado del presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, Edgar Neira, solicitó a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional que tramita un juicio político de censura al jefe de Estado una ampliación de las pruebas de peculado, delito del que acusan al mandatario.

La petición de Neira se basa en el derecho constitucional a la defensa del gobernante y busca que las pruebas se sustenten al tiempo en que fueron suscritos los contratos que se examinan en el caso, es decir, desde el año 2018, antes de que Lasso llegara al poder.

Lasso ha sido acusado de permitir, supuestamente, que se cometa el delito de peculado en unos contratos de la naviera estatal Flopec, del que aparentemente fue advertido y no lo impidió. El caso tiene que ver con supuestas irregularidades cometidas por un colaborador cercano de Lasso en contratos de Flopec.

La Comisión de Fiscalización tiene 10 días para recibir las pruebas de cargo y de descargo antes de elaborar el informe que será debatido en el pleno del Parlamento. Se prevé que en un mes el pleno de la Asamblea, de mayoría opositora, admita el proceso y cuya eventual moción de censura requiere de las dos terceras partes (92 votos) del pleno de la Asamblea, integrado por 137 legisladores.

Si la censura prospera, el vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, sustituiría a Lasso en el poder hasta que termine el periodo de la actual administración en 2025.

El juicio político contra Lasso, cuyo mandato inicio en mayo de 2021, fue admitido por la Corte Constitucional, que aceptó el cargo de malversación, aunque desechó el de concusión, por el que la oposición también pedía el proceso.

El presidente Lasso se ha declarado inocente de las acusaciones que le imputan y ha asegurado que este juicio político «huele muy mal» e incluso ha denunciado en la Cumbre Iberoamericana la existencia de lo que denominó un «golpe de Estado parlamentario».