NAIPYIDÖ.— En un informe el Consejo Especial de Asesoramiento para Birmania denuncia a empresas de todas partes del mundo de haber suministrado compones y software para la fabricación de armas, según el documento divulgado este lunes.
El Consejo Especial de Asesoramiento para Birmania formado por exdiplomáticos y expertos en el país asiático, indicó en un comunicado que el informe recoge información sobre cómo los suministros de estas compañías terminan en manos de la Junta de Industrias de Defensa birmana (DDI), también conocida como KaPaSa.
El informe, titulado Fatal Business: Supplying the Myanmar Military’s Weapon Production (Negocio mortal: Suministrando a la producción de armas de Birmania), cita a Alemania, Austria, Corea del Sur, China, EE. UU., Francia, Israel, Japón, Rusia, Singapur, Taiwán y Ucrania.
🚨NEW SAC-M report finds 45+ companies in Asia, N. America & Europe, have supplied, or continue to supply #Myanmar military’s Directorate of Defence Industries w/ products that sustain weapon manufacturing in Myanmar at factories known as KaPaSa.
Report: https://t.co/q0yM7peoSt pic.twitter.com/Ku4xhgdYFB
— Special Advisory Council for Myanmar (@SpecialCouncil) January 16, 2023
La lista incluye a la empresa alemana DMG Mori, que fabrica máquinas de precisión automatizadas, y la india Bharat Electronics, especializada en tecnología telescópica para armas. Otras empresas bajo sospecha en el informe son ST Engineering Land Systems (Singapur), Israel Military Industries, POSCO International (Corea del Sur), Ukroboromprom (Ucrania), Tsugami Corporation (Japón), All Troop Tech (Taiwán) y Systèmes Dassault (Francia).
Los productos suministrados incluyen materiales, componentes, maquinaria de precisión automatizada y programas informáticos necesarios para la fabricación de pistolas, fusiles y munición, entre otros.
«Empresas extranjeras permiten al Ejército birmano -uno de los peores violadores de los derechos humanos- producir muchas de las armas que usa para cometer atrocidades diarias contra el pueblo», indicó Yanghee Lee, antigua relatora especial de Naciones Unidas para Birmania y miembro de SAC-M. Lee subrayó que las empresas tienen responsabilidades morales y legales que deberían impedir que sus productos faciliten que se cometan abusos contra los derechos humanos.
Para realizar el informe, SAC-M analizó documentos y fotografías para documentar el uso de las armas en atrocidades cometidas por los soldados birmanos y también información oficial sobre fabricación de armas del Ministerio de Defensa birmano.
El SAC-M indicó que algunas de las empresas implicadas se aprovechan de las complejas cadenas de suministro para poder proveer sus productos, aprovechando entidades pantalla. Empresas de China y Rusia -países cercanos a los militares birmanos- hacen negocios directos con Birmania, mientras que otras compañías usan países como Taiwán y Singapur como intermediarios.
El Ejército birmano, objeto de sanciones por la Unión Europea, Estados Unidos y otros países, está acusado de genocidio contra la minoría rohinyá en 2017 en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el alto tribunal de Naciones Unidas, y también de atrocidades contra civiles tras el golpe militar de febrero de 2021.
Tras años de aislamiento y sanciones, los militares birmanos fabrican gran parte de sus armas y municiones localmente, incluidos subfusiles BA-93 basados en el arma israelí Uzi y el fusil de asalto BA-63, basado en el alemán H&K G3. Según SAC-M, los militares birmanos instalaron sus primeras fábricas de armas en los años 1950 con ayuda de Alemania Occidental e Italia, y ahora cuentan con unas 25 en Rangún, Bago, Magway y Mandalay.
