WASHINGTON.— El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha presentado una demanda contra el estado de Texas debido a la instalación no autorizada por parte del estado de una barrera de boyas en el Río Grande, la frontera natural con México, con el objetivo de detener el paso de migrantes.

La Fiscalía estadounidense había dado al gobernador de Texas, Gregg Abbott, quien es republicano, un plazo que finalizó este lunes para retirar las boyas debido a los riesgos ambientales y humanitarios que representa la barrera para los migrantes. La demanda civil presentada exige la retirada de las boyas al considerar que Texas ha vulnerado la Ley de Ríos y Puertos de 1899 al instalarlas sin la autorización del Gobierno del presidente demócrata Joe Biden.

La fiscal general adjunta, Vanita Gupta, afirmó en un comunicado que esta barrera flotante supone una amenaza para la navegación y la seguridad pública, además de generar riesgos humanitarios y provocar una protesta diplomática de México, lo que pone en peligro la política exterior de Estados Unidos.

El Departamento de Justicia del Gobierno de Biden había amenazado con demandar al estado la semana pasada, pero el gobernador Abbott respondió este lunes que se negaba a retirar las boyas. En una carta enviada a Biden, Abbott lo acusó de inacción ante la llegada de migrantes a la frontera sur del país y afirmó que Texas utilizará plenamente su autoridad constitucional para enfrentar esta crisis.

A principios de mes, el gobernador Abbott ordenó la instalación de la barrera de boyas, así como un alambrado para impedir el cruce de migrantes desde México. Esta barrera ha generado rechazo por parte de grupos proinmigrantes y ambientalistas, así como del Gobierno de México, que envió una nota diplomática a Estados Unidos advirtiendo que la barrera viola el Tratado de Aguas entre ambos países.

La Administración de Biden también ha defendido que los cruces fronterizos han disminuido a sus niveles más bajos en los últimos dos años desde que en mayo se implementó la nueva política de restricciones en la frontera, que reemplazó al llamado Título 42, una norma sanitaria que permitía expulsar a migrantes debido a la pandemia de COVID-19.

Un alto funcionario del Gobierno expresó a la prensa que los republicanos «no tienen soluciones» y que «solo quieren el caos». Abbott, conocido por su postura antiinmigración, inició el año pasado el envío de autobuses para trasladar a migrantes que cruzaban la frontera mexicana con Texas hacia estados gobernados por demócratas.