WASHINGTON.— A medianoche del domingo 1 de octubre, la Administración pública se quedará sin fondos, lo que conllevaría el cierre de la mayoría de las agencias gubernamentales, museos y parques nacionales, y al no pago de salarios para 1,3 millones de militares y cientos de miles de funcionarios.
Además, de acuerdo con Goldman Sachs, este cierre podría impactar en la economía estadounidense, reduciendo el producto interno bruto (PIB) entre 0,15 y 0,2 puntos porcentuales por cada semana que se prolongue. A pesar de las graves consecuencias, parece difícil llegar a un acuerdo. A continuación, se exponen las razones que explican esta situación:
El principal obstáculo son los republicanos afines a Trump, quienes se agrupan bajo el llamado «Freedom Caucus» (El Caucus de la Libertad) y están desafiando al presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, a quien consideran demasiado moderado.
Muchos miembros del «Freedom Caucus» se opusieron a nombrar a McCarthy como líder de la mayoría republicana en la Cámara Baja en enero e incluso establecieron condiciones para su nombramiento, incluido un cambio en las reglas para que cualquier republicano pueda convocar una votación para destituirlo.
Además, para ser elegido líder de la mayoría republicana, McCarthy se comprometió a reducir el gasto de la Administración.
Sin embargo, en junio, cuando EE. UU. estaba al borde de un incumplimiento de su deuda soberana, McCarthy llegó a un acuerdo con Biden mediante el cual el Congreso permitió que el Ejecutivo siguiera tomando dinero prestado para sus deudas, pero a cambio de límites específicos en el gasto gubernamental.
Los legisladores afines a Trump se sintieron traicionados por ese acuerdo y ahora están pidiendo más recortes. En concreto, buscan establecer un límite de gasto público de 1,47 billones de dólares para el año fiscal 2024, lo que supone 120.000 millones de dólares más en recortes de lo acordado.
El «Freedom Caucus» puede ejercer este tipo de presión sobre McCarthy porque los republicanos tienen una mayoría muy estrecha en la Cámara y el liderazgo necesita el apoyo de todos ellos para aprobar cualquier medida.
Como resultado, McCarthy se encuentra en una posición comprometida. En los últimos meses, ha hecho concesiones a esa facción del partido, incluyendo la apertura de un juicio político contra Biden a pesar de sus reticencias iniciales. Pero nada parece suficiente para satisfacer a este grupo.
Este viernes, McCarthy intentó sin éxito aprobar un proyecto de ley que habría financiado a la Administración por un mes adicional, hasta el 31 de octubre, pero que contenía límites a programas de asilo y recortes a todas las partidas, excepto a la de seguridad fronteriza.
En contra de este proyecto votaron los demócratas que se oponen a esas provisiones sobre la frontera y los republicanos del ala dura, que rechazan cualquier medida para mantener operativa la Administración y siguen las instrucciones de Trump, quien esta semana los instó a resistir y provocar el cierre del Gobierno.
No obstante, McCarthy no se rinde y está buscando otras alternativas para financiar el Ejecutivo. «Esto no ha concluido aún. Tengo otras ideas», afirmó este viernes.
Con la situación en punto muerto, la Casa Blanca ha culpado a los «extremistas» afines a Trump por cualquier cierre de Gobierno y ha exhortado a McCarthy a poner orden en sus filas para que todos los republicanos acepten el acuerdo al que llegó en junio con Biden. «Nosotros hicimos un trato y un trato es un trato», reafirmó la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, durante una rueda de prensa este viernes.
Según Jean-Pierre, Biden ha rechazado por ahora reunirse con McCarthy, con quien no ha tenido contacto desde hace semanas. Sin embargo, el presidente permanecerá en Washington este fin de semana en lugar de dirigirse a su residencia en Delaware, con la intención de seguir de cerca la situación.
