SAN SALVADOR.- El Ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, ha compartido cifras que, sin embargo, han sido objeto de cuestionamiento por parte de defensores de derechos humanos y expertos académicos.

Estas estadísticas no contemplan las muertes de presuntos pandilleros en enfrentamientos con las fuerzas policiales, los fallecimientos en centros penitenciarios, los asesinatos de supuestos delincuentes a manos de ciudadanos y tampoco se incluyen los hallazgos de restos humanos.

Estos casos solían ser parte de las cifras reportadas por gobiernos anteriores, lo cual el gobierno actual de Bukele utiliza como referencia para comparar sus propios números.

El problema de las pandillas, considerado como una secuela de la guerra civil (1980-1992) y que se ha fortalecido con la deportación de pandilleros desde Estados Unidos, ha persistido a pesar de los diversos planes de seguridad implementados por las últimas cuatro administraciones.

Villatoro mencionó que hay entre 18,000 y 20,000 presuntos pandilleros que están siendo buscados para su captura, en el marco del estado de excepción que está vigente desde marzo de 2022 y que ha suspendido garantías constitucionales, como el derecho a la defensa.

«Hablamos de aproximadamente entre 18,000 y 20,000 pandilleros pendientes de captura», comentó en una entrevista televisiva.

Desde que se implementó este estado de excepción, el cual ha sido prorrogado en 21 ocasiones por la Asamblea Legislativa a petición del gobierno de Nayib Bukele, se han llevado a cabo más de 75,000 detenciones.

«Tenemos un registro de todos los casos pendientes», afirmó el funcionario, respaldando la continuidad del estado de excepción.

El Gobierno atribuye a esta medida la notable disminución de homicidios en los últimos años, aunque la tasa ha mostrado un descenso constante durante los últimos ocho años, hasta llegar a 2023.

En 2015, El Salvador registraba 103 homicidios por cada 100,000 habitantes, y esta cifra ha disminuido gradualmente hasta alcanzar una tasa de 2.4, según lo informado por el Gobierno de Bukele.