BOGOTÁ.— En las esquinas de un barrio en Bogotá, se pueden ver militares retirados armados y vestidos con uniformes de camuflaje vigilando cada movimiento. Estos grupos, financiados por comerciantes hartos de la inseguridad, evocan el recuerdo de los antiguos paramilitares que sembraron el terror en Colombia, según consigna la prensa internacional.

Los vigilantes, con gorras adornadas con calaveras y botas estilo militar, se niegan a identificarse ante las cámaras. Afirmaron trabajar con el Gaula, un cuerpo de la fuerza pública dedicado a combatir el secuestro y la extorsión.

Sin embargo, funcionarios del Gaula negaron cualquier vínculo con este grupo de seguridad, que la AFP ha observado desde enero en el barrio 7 de agosto de la capital colombiana.

El coronel Cristian Caballero, comandante del Gaula Militar en Bogotá, afirmó que los civiles no tienen ningún papel en la lucha contra la extorsión, y que sus hombres siempre operan plenamente identificados. Esta afirmación fue respaldada por el coronel Carlos Tellez, jefe del Gaula de la Policía.

Al igual que en Perú, Ecuador y México, la extorsión es un problema grave en Colombia. Bogotá, una ciudad de ocho millones de habitantes, enfrenta un aumento de la inseguridad marcado por robos masivos en comercios, actos de sicarios y tiroteos.

En medio de este contexto, un vendedor del barrio 7 de Agosto fue tiroteado al negarse a pagar una extorsión al comienzo del año. Según sus colegas, fue atacado por los «Satanás», un grupo delictivo liderado por un criminal venezolano con el mismo alias.

La Defensoría del Pueblo alertó que la ciudad es el epicentro de una disputa entre el Tren de Aragua, una organización originaria de Venezuela, y el Clan del Golfo, el principal cartel de narcotráfico en Colombia.

Este clima de miedo llevó a algunos comerciantes a financiar un nuevo grupo de autodefensa contra la extorsión. Un militar retirado, que trabajó para la compañía estadounidense Blackwater, fue invitado a unirse, pero rechazó la oferta. Otro exmilitar que aceptó la propuesta aseguró que llamarían a la fuerza pública ante cualquier situación anormal.

El presidente Gustavo Petro ha sido criticado por dialogar con la guerrilla del ELN y grupos disidentes de las FARC que rechazaron el acuerdo de paz de 2016, y por la falta de acción de la fuerza pública ante el deterioro de la seguridad.

Para algunos expertos, la cooperación con civiles es una respuesta desesperada de la policía, pero también representa un riesgo significativo que podría desencadenar problemas similares a los del pasado paramilitarismo en Colombia.

En respuesta a la sensación de desprotección, algunos concejales promueven la flexibilización de la portación de armas en Bogotá, argumentando que los ciudadanos tienen derecho a defenderse. Además, se anunció la formación de una «red de apoyo» a la fuerza pública integrada por taxistas, motociclistas y empresas privadas de seguridad.

La inseguridad es una de las principales preocupaciones de los colombianos, según una encuesta de Invamer. Ante esta situación, el principal líder ganadero propuso la creación de «frentes de seguridad», grupos de vecinos organizados para colaborar con la fuerza pública. El ministro de Defensa aseguró que el gobierno nacional no respalda ningún proyecto que implique autodefensa o vincule a particulares en una organización de reacción.