NUEVA DELHI.- La Dirección de Cumplimiento de la India, una agencia gubernamental que investiga delitos financieros, ha realizado redadas en la oficina regional de Amnistía Internacional en lo que los activistas afirman son esfuerzos para silenciar a los disidentes.

Los informes de los medios de comunicación indios dijeron que las redadas en las instalaciones del organismo de control de derechos humanos en la región de Bengaluru, en el estado de Karnataka del sur, se realizaron por presunta violación de las directrices de inversión extranjera. La agencia acusó al grupo de omitir las reglas relativas a las donaciones.

La acción contra Amnistía se produjo a las pocas semanas de redadas similares en las oficinas de Greenpeace India por parte de la misma agencia estatal, que en esa ocasión acusó a la organización benéfica de violar las leyes relacionadas con fondos extranjeros.

El miércoles, Amnistía instó al gobierno de la India a iniciar una «investigación efectiva, independiente e imparcial» sobre las muertes de siete civiles que se produjeron en una explosión en la Cachemira administrada por la India. Amnistía India ha hecho campaña contra la detención arbitraria de activistas de derechos humanos y líderes de grupos marginados en los últimos meses, y sostiene que éstas acusaciones están motivadas por eso.

Nikhil Dey, de Mazdoor Kisan Shakti Sangathan, una organización de campesinos y trabajadores en el estado occidental de Rajastán, describió las redadas como «malas señales para la democracia». «India se enorgullece de ser la democracia más grande del mundo. Por lo tanto, el escrutinio de su historial de derechos humanos es importante, especialmente con este gobierno que está descaradamente intentando sofocar a la sociedad civil», agregó.

Desde que asumió el cargo en 2014, el gobierno del primer ministro, Narendra Modi, ha centrado la atención en los grupos de derechos internacionales y organizaciones benéficas, acusando a algunos, como Greenpeace, de intentar obstaculizar los proyectos nacionales por motivos sociales y ambientales. En 2015, el gobierno de Modi retiró el permiso de Greenpeace para recibir fondos extranjeros y dijo que el dinero se usó para bloquear proyectos industriales. En los últimos años, el gobierno indio ha cancelado el registro de casi 9.000 grupos por supuestamente no declarar detalles de donaciones en el extranjero.

El periódico indio The Hindu, en un informe publicado en agosto, citó a funcionarios federales diciendo que estaban investigando si algunas entidades con sede en el Reino Unido inyectaron fondos a la unidad de Amnistía en la India, presuntamente a través de canales comerciales, en violación de las leyes del país.