MANAGUA.- El Gobierno de Daniel Ortega firmó este viernes dos acuerdos con la opositora Alianza Cívica, uno que ratifica su compromiso de liberar de forma “definitiva” a centenares de personas consideradas “presos políticos” y de anular sus procesos judiciales, y otro en el que se compromete a respetar ciertas garantías y libertades, incluida la protesta social.
En el documento sobre los presos, el gobierno se compromete también a aceptar que el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) facilite el proceso y especifica que será ese organismo el que pondrá a las partes la lista “actualizada” de personas a liberar.
La oposición aportó el dato de más de 640 personas que aún están encarceladas en el marco de la actual crisis, que inició en abril del año pasado, pero la lista del gobierno es mucho más reducida.
Las autoridades reiteraron que el plazo de excarcelación de detenidos se mantiene en 90 días a contar desde el 20 de marzo.
El gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo junto a la Alianza Cívica firmaron otro documento “para fortalecer los derechos y garantías ciudades” que especifica una serie de objetivos exigidos por la oposición, como garantías para la protesta social y el regreso de los exiliados.
Sin embargo, no presenta compromisos claros en algunos de los temas más delicados, como el de las fuerzas parapoliciales que han actuado en capturas y ataques contra civiles.
Mario Arana, empresario negociador de la oposición, dijo que lo más difícil será cumplir y poner en marcha todo lo acordado. “No se vale ue alguien incumpla, porque cualquiera que lo haga hará que esto fracase para todo el país”, advirtió.
El 27 de febrero comenzó esta nueva etapa de diálogo con que se intenta culminar casi un año de agitación que ha dejado al menos 325 muertos, según cifras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cientos de detenidos y más de 50.000 exiliados.
Las negociaciones han sido suspendidas en varias ocasiones porque la oposición consideraba que el Ejecutivo no “demostraba voluntad”, pero fueron reanudadas el 20 de marzo cuando el gobierno del presidente Daniel Ortega se comprometió a liberar a todos los presos políticos.
