WASHINGTON.— El Gobierno de Estados Unidos le recordó este miércoles a las farmacias del país que, por ley, deben ofrecer a las mujeres píldoras abortivas, después de que varios medios informaran de casos en los que se están negando a hacerlo desde que el Tribunal Supremo revocara la protección legal al aborto.

En un comunicado, el Departamento de Salud y Servicios Humanos, que dirige Xavier Becerra, recordó a las farmacias del país que bajo las leyes federales de derechos civiles tienen la obligación de no discriminar y de garantizar el acceso a servicios de salud reproductiva integrales.

Desde que el Supremo del país revocara la protección legal al aborto en un fallo histórico en junio, han aparecido noticias y se han presentado demandas ante los juzgados contra farmacias en estados como Texas o Luisiana que se están negando a vender píldoras abortivas.

Este es el segundo recordatorio que Becerra hace llegar sobre esta cuestión a profesionales de la Salud después de que el 11 de julio ya recordase por carta al personal médico del país que deben realizar abortos en caso de que haya una emergencia médica para la madre y al margen de lo que digan las leyes de cada estado.

El secretario de Salud y Servicios Humanos recordó al gremio médico que, bajo la ley federal ya existente, si un doctor o doctora se niega a realizar un aborto a una madre que se encuentra en una situación de emergencia médica -es decir, cuando la vida de la mujer se encuentre en peligro- se enfrentará a consecuencias penales.

La ley federal está por encima de cualquier ley que los distintos estados puedan aprobar y que restrinja el aborto incluso en casos de emergencia médica. Las situaciones de emergencia médica contempladas por la ley van desde embarazos ectópicos hasta desórdenes de hipertensión, entre otros.

El secretario de Salud respondió así a la petición que le hizo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, cuando solicitó a las entidades de su Gobierno que tomaran medidas para proteger el acceso a los servicios de salud reproductiva de las mujeres tras el fallo del Supremo.

La mayoría de las órdenes fueron dirigidas precisamente al departamento que dirige Becerra, al que se instó a ampliar el acceso a píldoras abortivas, garantizar que todas las personas tengan acceso a servicios médicos de emergencia amparados por la ley y a proteger el acceso a métodos anticonceptivos. También, le pidió aumentar los esfuerzos de comunicación en materia de acceso a servicios de salud reproductiva y al aborto.

Además, la Casa Blanca y el fiscal general se comprometieron a organizar un equipo de abogados, asociaciones legales y entidades cívicas para defender a pacientes, proveedores y terceros que busquen acceder u ofrezcan servicios de salud reproductiva en todo el país.